Oviedo,
J. A. ARDURA / P. GALLEGO
El PP y Foro propusieron ayer, casi al alimón, reducir el número de diputados que componen la Junta General del Principado, de los 45 actuales a 35. Fue prácticamente la única iniciativa que salió de la oposición en las seis horas que duró la segunda sesión del debate de orientación política de Asturias. La propuesta, que requiere la reforma de la ley electoral, salió de la bancada popular, por boca de su presidenta y portavoz, Mercedes Fernández, que sostuvo que con esa medida «interpretamos el sentir general de no pocos asturianos». El presidente de Foro, Francisco Álvarez-Cascos. también llevó en su discurso esta iniciativa que el presidente, Javier Fernández, calificó de «antipolítica», igual que la propuesta popular para eliminar los sueldos de los diputados.
La portavoz del PP invocó el Estatuto de Autonomía -concretamente, el párrafo segundo del artículo 25- para justificar una reducción de diputados en el Parlamento asturiano. Ese artículo prevé una horquilla de 35 a 45 diputados para la Junta General. «No es un invento, ni una astracanada, ni una extravagancia», defendió Mercedes Fernández, que vinculó esa iniciativa a «los sacrificios que estamos pidiendo a los ciudadanos. Es una obligación moral». Los populares añadieron que la comisión para la reforma de la ley electoral, promovida por el diputado de UPyD Ignacio Prendes, es la herramienta idónea «para explorar de forma adecuada y ordenada» la reducción de diputados en Asturias.
«Este Parlamento también puede y debe dar ejemplo antes de pedir recortes a otros», afirmó Cascos en su primera intervención de esta legislatura en la Junta, para argumentar la reducción de escaños en Asturias tras hacer mención al mismo artículo del Estatuto de Autonomía.
El presidente del Principado, Javier Fernández, calificó de «antipolítica» la reducción del Parlamento asturiano, el tercero más pequeño de todas las autonomías, sólo por detrás de Cantabria y La Rioja, mientras que el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, sostuvo que la Cámara «ha estado ajustada» y consideró «inaceptable hablar de la reducción de diputados y circunscripciones».
Para cuando el debate en el Parlamento regional cogió altura habían pasado ya casi cuatro horas. Desde las nueve de la mañana y hasta casi la una del mediodía -cuando populares y socialistas entraron en el asunto del recorte parlamentario-, al Pleno le costó despegar. Por momentos, la sesión fue un trasunto de debate en el Congreso sobre las aspiraciones secesionistas de Cataluña. Más adelante, las réplicas entre Prendes y Javier Fernández se centraron en la negociación abierta por el Ejecutivo regional para lograr los 423 millones de euros que el Principado necesita para hacer frente a los pagos de este ejercicio. El diputado de UPyD afeó al Presidente no haber demostrado «políticamente» la fortaleza de Asturias aceptando, antes de conocer los detalles del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), alguna oferta bancaria para financiar los 423 millones. Si la oferta estatal hubiese sido mejor, «dirían que había tomado acuerdos lesivos para la comunidad», le respondió Fernández.
La confección de los Presupuestos para 2013 fue otro de los hilos argumentales del debate. Y si Prendes afirmó que todo lo que no sea el sostenimiento de los servicios públicos y el fortalecimiento del sector productivo debe ponerse «a la cola», el portavoz de Izquierda Unida, Ángel González, advirtió al presidente regional que su grupo miraría «con lupa» las cuentas del próximo ejercicio. De ese análisis, avanzó González, dependerá el apoyo de la coalición de izquierdas a los Presupuestos. Para lograrlo, añadió, el Gobierno regional asturiano debe «priorizar» la generación de empleo y el mantenimiento de los servicios públicos.
De cara a las cuentas para el próximo ejercicio, Fernández sí reconoció que las estimaciones económicas para 2013 le hacen pensar en bajar aún más el techo de gasto, que no llegaría a los 3.500 millones de euros, tal y como anunció el Gobierno regional el pasado verano.
Terminado el único receso de la mañana, la portavoz del PP subió a la tribuna de oradores. Mercedes Fernández propuso para la Junta «más debates y menos escaños» y criticó al Gobierno del PSOE por su «falta de concreción, de instrumentos nuevos, de respuestas a las nuevas demandas de la ciudadanía y a los nuevos tiempos». Javier Fernández respondió con el recorte a la minería. El presidente del Principado hizo hincapié en que los Presupuestos de Rajoy para 2013 suponen un golpe mortal para la minería y, en particular, para las prejubilaciones del sector y pidió, no sin cierto toque de ironía, la ayuda de la portavoz popular para salvar un sector en peligro. «Le pido que con su influencia, que creo que es poca, trate de paliar esto».
Los partidos del centro-derecha atribuyeron la responsabilidad en el conflicto de la sanidad asturiana al Gobierno de Javier Fernández. El portavoz de Foro, Francisco Álvarez-Cascos, echó en cara al Gobierno del PSOE el aumento de las listas de espera en las operaciones quirúrgicas en una media de quince días respecto a su etapa al frente del Gobierno del Principado. La respuesta de Javier Fernández fue que el Gobierno de Foro gastó en sus cinco meses de mandato de 2012 toda la partida anual prevista para las «peonadas».
Mercedes Fernández, del PP, preguntó al presidente asturiano por qué, estando todas las autonomías «afectadas por el mismo marco normativo, sólo en Asturias hay una terrible huelga de la sanidad pública». Javier Fernández le respondió que quizás en otras comunidades no haya huelga, pero para cumplir «han cerrado quirófanos y hospitales que yo quiero dejar abiertos».
Cascos también censuró «la normalidad» que ha traído el Gobierno socialista al ámbito de la educación. «Ha reducido la plantilla y el resultado son dos colegios cerrados: el de Santullano, en Mieres, y el de Perlora, en Carreño». Nuevamente Javier Fernández le replicó: «En esos colegios había respectivamente 7 alumnos, con graves problemas de integración, y dos alumnos. Y los expedientes para cerrar esos centros los inició su Gobierno». Su antecesor ni se inmutó en su escaño ante tal respuesta pero, en cambio, pidió en su último turno al presidente de la Junta, invocando el artículo 96.2, que le permitiera entregar «el plan que hizo el Gobierno de Foro sobre el lobo y que la Consejera ha ocultado. El plan de Foro tiene 80 folios, el que acaba de presentar la Consejería 14». Fuentes parlamentarias sostienen que el presidente de la Junta «no anduvo fino» al admitir esos documentos porque el citado artículo regula que cualquier diputado puede pedir «la lectura de documentos» antes de una votación, no su entrega. El Gobierno añadiría luego que el documento de Foro no es un plan sino un informe.
