Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

El Ministerio de Fomento está investigando los «desorbitados» importes de ciertas expropiaciones de terrenos realizadas para construir autopistas de peaje que hoy están a un paso de la quiebra, según ha anunciado el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá. Entre ellas están las vías radiales de acceso a Madrid, ejecutadas cuando Francisco Álvarez-Cascos era ministro de Fomento. Los pagos de las expropiaciones (hasta 30 veces más del valor previsto), así como un nivel de tráfico muy por debajo de lo calculado al hacer las concesiones, generaron unos enormes sobrecostes que han llevado a la ruina a las sociedades concesionarias. Se trata de unos desfases que para Javier Fernández, presidente del Principado, son «responsabilidad» del actual líder de Foro Asturias (FAC), como ministro de Fomento cuando se hicieron las autopistas. Así lo puso de manifiesto en el debate sobre el estado de la región. Las vías radiales estaban llamadas a descongestionar el intenso tráfico en los accesos a Madrid. Una década después son un multimillonario agujero económico.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados, Rafael Simancas, también ha apuntado a la gestión de Cascos al frente del Ministerio para explicar el fiasco de las radiales y de los peajes de la época del PP. En concreto, afea al actual líder de Foro que, «para cuadrar las cuentas», pronosticó unos tráficos y unos resultados de explotación «demasiado optimistas». Además, critica que el entonces ministro no previó los efectos de la ley del Suelo de 1998, por la que los tribunales, previa reclamación de los propietarios, calificaron como urbanos terrenos afectados por las expropiaciones que se creían rústicos. Esta circunstancia incrementó el precio de los solares 20 o 30 veces por encima de lo previsto, según los actuales responsables ministeriales, que tienen pensado recurrir aquellas sentencias expropiarais que todavía no sean firmes y que se consideren Illescas para el interés general. No obstante, Catalá no dio cifras sobre la cuantía de las reclamaciones.

En concreto, son nueve las concesionarias al borde de la quiebra y cuatro las que ya se han acogido a procesos concúrsales. Se trata de la Madrid-Toledo, la R-4 Madrid-Ocaña, la Cartagena-Vera y la concesionaria de las radiales de Madrid R-3 (Madrid-Arganda) y R-5 (Madrid-Navalcarnero), la mayoría de ellas del tiempo de Cascos en Fomento. En la R-3 y la R-5, el coste de las expropiaciones se calculó en 40 millones cuando se adjudicó el proyecto y acabó en 640. El desfase total en los nueve proyectos supera los 1.600 millones. Además, las cuatro firmas en proceso concursal, participadas por constructoras y entidades financieras, suman un pasivo de 2.171 millones tras una inversión de 3.338 millones.

El Ministerio de Fomento ha tenido que mover ficha en auxilio de las autopistas en dificultades. Entre las medidas avanzadas por el departamento que dirige Ana Pastor se encuentran la ampliación de 2012 a 2021 de la compensación por la caída de tráfico, un modelo que consiste en el adelanto de dinero por parte del Gobierno, y préstamos participativos con el aval del Estado por valor de 250 millones de euros. Por su lado, la patronal de las concesionarias ha puesto encima de la mesa varias alternativas para solventar el problema, ente ellas alargar las concesiones, nacionalizar las que carecen de viabilidad alguna o que las autopistas que sí son rentables absorban a las que se encuentran en problemas.

Según Catalá, Fomento trabaja con las concesionarias con problemas para buscar «soluciones singulares». «Algunas de estas autopistas tienen tráfico, pero hay una salida que permite abandonar la vía sin pagar peaje; otras apenas tienen tráfico y algunas están lastradas por el sobrecoste de las expropiaciones», aseguró el «número dos» de Ana Pastor.