Oviedo, L. Á. VEGA

Ex directivos de Vipasa declararon ayer en el tribunal que les juzga que ni estaban sujetos a la ley de contratos públicos ni tenían por qué convocar un concurso con publicidad y libre concurrencia para contratar la elaboración del proyecto de los 102 minipisos de la Laboral de Gijón. Tres ex directores generales que formaban parte del consejo de administración de la mercantil con capital del Principado, la ex gerente y los dos arquitectos que aceptaron la redacción del proyecto se sentaron ayer en el banquillo de la Sección Tercera de la Audiencia de Oviedo para responder de cuatro delitos por los que se les solicitan penas de hasta tres años de prisión y ocho años y medio de inhabilitación. El proceso se inició a instancias de una denuncia del diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons, aunque la fiscalía, muy activa no obstante en la vista de ayer, no formula acusación en este juicio, que se desarrollará durante varios días.

Las defensas de los acusados, a cargo de los letrados Juan Casanueva, Miguel García Vigil y Eduardo Junco, plantearon antes del inicio de la vista una cuestión previa por entender que Cuervas-Mons no estaba legitimado para ejercer la acción popular. Según Casanueva y García Vigil, la jurisprudencia del Tribunal Supremo niega la posibilidad de que la acusación popular inste el inicio del juicio oral cuando no hay acusación particular ni la fiscalía formula acusación, salvo que se haya menoscabado el interés público. Los letrados indicaron que el Principado, único accionista de Vipasa, había negado que el contrato del proyecto de los minipisos hubiese causado un perjuicio a la mercantil. Por tanto, pidieron la suspensión del juicio y su sobreseimiento. La fiscalía indicó por su parte que los jueces debían decidir si estaban en juego los intereses generales. Así lo entendió el juez instructor, Ángel Sorando, titular del Juzgado número 2 de Oviedo. Tras reunirse unos minutos, los jueces estimaron que debía proseguirse el juicio ante la posibilidad de que sí estuviesen en juego intereses públicos.

Ayer declararon cuatro de los acusados, los tres miembros del consejo de administración y la gerente de Vipasa cuando se produjo la contratación. Los cuatro trataron de justificar su visto bueno al contrato por estar respaldado por un informe del asesor jurídico según el cual Vipasa era una mercantil que no estaba sujeta a la ley de contratos de la Administración.

Enrique Álvarez, ex director general de Vivienda, vicepresidente de Vipasa en el momento de los hechos (el presidente era Francisco González Buendía, consejero de Infraestructuras, Política Territorial y Vivienda en el Gobierno de Vicente Álvarez Areces) y más tarde presidente de la Zalia, indicó que «el contrato se hizo conforme a los criterios técnicos que nos indicaron, según el uso y costumbre», añadió a preguntas del abogado de la acusación popular, Óscar Trapiello.

Una de las cuestiones clave del juicio es la modificación del coste del contrato. En un consejo de administración del 21 de diciembre de 2007, se acordó la contratación por un importe de 320.000 euros. Cinco días después, el 26, se modificó el contrato, que pasó a 381.000 euros. Álvarez justificó este incremento por la inclusión de proyectos específicos relacionados con la dirección de obra, las redes de electricidad, telecomunicaciones... «Fruto de las gestiones se redujeron los honorarios de los arquitectos a 253.000 euros, lo que supuso un ahorro de 67.000 euros a Vipasa», añadió Álvarez. Respecto a los cambios, el ex vicepresidente de la empresa indicó que el acta de la reunión del 21 de diciembre recoge que se le facultaba para formalizar y perfeccionar el contrato.

Álvarez indicó que Vipasa ya había sido denunciada en otra ocasión por no contratar con publicidad las asistencias técnicas, aunque la fiscalía los archivó. Eso sí, reconoció que en al menos dos proyectos se realizó un concurso de ideas, que no contratación de arquitectos. Álvarez negó haber arreglado el contrato para eludir las exigencias de la nueva ley que entró en vigor en mayo de 2008. «No nos confabulamos con los arquitectos», indicó.

Agustín Cuervas-Mons acudió al Juzgado antes de la vista y lamentó el tiempo transcurrido desde la denuncia hasta el juicio. «Mantenemos la acusación que formulamos por presunta contratación irregular y falsificación del expediente», indicó. Y encuadró este episodio en la fase de «contratación sin rigor y sin control» de la etapa del Gobierno de Vicente Álvarez Areces.