-¿Tenía la directora general de Planificación y Centros, María Jesús Otero, competencias en contratación?
-Claramente.
Una sola pregunta del presidente de la comisión del «caso Marea», Ignacio Prendes, y la respuesta de la ex secretaria general técnica de Educación Begoña Fernández fueron suficientes para dar al traste con el principal argumento que Otero, una de las principales imputadas en la investigación de esta supuesta trama de corrupción en la Administración regional, dio para acreditar su inocencia. Esto es, que ella, según declaró ante la misma comisión la semana pasada, «como directora general no tenía ninguna competencia para firmar contratos menores ni de material». Otero no firmaba estos contratos -de hasta 50.000 euros en obras y hasta 18.000 euros en suministros y material-, pero, según los cinco secretarios generales técnicos que en ocho años pasaron por la Consejería de Educación, los controlaba todos. Desde el inicio de los trámites hasta la certificación de que el servicio se había realizado «a satisfacción» de la Consejería. Sobre todo, los que afectaban a los centros educativos del Principado.
En el relato de los cinco funcionarios, todos con un largo y acreditado recorrido en la Administración, quedan claras las «peculiaridades» que definían el departamento que dirigía José Luis Iglesias Riopedre. Principalmente, que, al contrario que en el resto de las consejerías del Principado, la oficina de obras no dependía de la secretaría general técnica, sino de la dirección general que comandaba Otero. También que, como ocurre en el resto de comunidades autónomas, los centros de educación no universitaria -Primaria, Secundaria y FP- tenían competencias, delegadas por el Consejero conforme a la ley orgánica vigente, para firmar contratos menores. Un proceso, según los secretarios generales, supervisado de principio a fin por María Jesús Otero.
Quien más gráficamente lo explicó fue Vicente Hoyos, secretario general técnico durante dos años exactos, del 23 de julio de 2007 al 23 de julio de 2009, fecha de su destitución «porque no estaban conformes» con su trabajo, explicó. Hoyos, actualmente director general de Servicios en el área económica del Ayuntamiento de Gijón. La Dirección General de Centros «planificaba las infraestructuras educativas, hacía las propuestas de adquisición de material en general y homologado para la dotación de los centros, decidía las empresas que los suministraban dentro de los límites de esa homologación -liderada por Igrafo y Almacenes Pumarín, cuyos gerentes también están imputados en el caso-, llevaba la unidad técnica de obras...», enumeró Hoyos, antes de sentenciar que «sí» había una «concentración excesiva de riesgo», a la vista del poder acumulado en una única dirección general.
Tanto Hoyos como el resto de secretarios generales confirmaron cuál era el mecanismo a seguir a la hora de proporcionar a los centros educativos del Principado el material que necesitaban y realizar las obras pertinentes. La dirección general que comandaba Otero iniciaba el expediente y ese mismo servicio revisaba la entrega, visaba la factura y daba la orden de pago. «No pasaba por el control de nadie más, porque Intervención, como marca la norma, se limitaba a atestiguar que hay fondos y que los precios se corresponden, un control meramente formal», explicó Hoyos.
Con éstas o similares palabras los otros cuatro secretarios generales explicaron el mismo procedimiento. Desde el punto de vista funcionarial, todos los expedientes cumplían los requisitos legales y llevaban la firma del Consejero, último responsable de los contratos. La ley es la misma en Asturias que en el resto de España, se encargó de destacar el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, especialmente duro, al ataque en las preguntas, con quienes criticaron la labor de sus jefes en la Consejería. De todos ellos sólo uno, precisamente Hoyos, fue el único que admitió a la comisión del «caso Marea» que sí le había «llamado la atención» que las empresas «mayoritariamente adjudicatarias» siempre fuesen dos: Igrafo y Almacenes Pumarín. Al comentárselo a la directora general de Centros, María Jesús Otero, ésta le respondió que eran las empresas «que tenían homologadas la mayor parte de los productos, los bienes más adecuados y que servían con mayor rapidez».
De las obras hechas por la Consejería de Educación durante el período que se investiga, la comisión preguntó a los secretarios técnicos principalmente por una. Con un expediente abierto el 6 de noviembre de 2009, la Consejería inició el proceso para con una inversión de más de 200.000 euros dotar al Instituto de Infiesto de un sistema de calefacción por energía geotérmica. En los trabajos participó Geogal, la empresa de sondeos geológicos del hijo de Riopedre.
De las tres empresas que concurrieron se adjudicó a una, pero las tres comparten la misma titularidad. La obra, que la Consejería aseguró haber recibido y que pagó, no se realizó, explicó Prendes a una de las secretarias generales, Elena Garzo, sorprendida por la revelación. Seis meses antes la misma empresa había adaptado la sala de calderas del mismo instituto por otros 57.800 euros. «Cuando el procedimiento se sigue y no hay defecto formal, no hay razón para pensar que va a haber irregularidades de este tipo», respondió.
Junto a Garzo y Hoyos, Pablo Luis Rodríguez completó la sesión vespertina de la comisión. De su paso por la secretaría general, tan sólo un año, Rodríguez destacó la cantidad de funcionarios de Educación, maestros y profesores que en la Consejería ocupaban puestos técnicos en comisión de servicios. «No veo adecuado que un asesor docente se dedique a vigilar la ejecución presupuestaria», aseveró.
Por la mañana Begoña Fernández -actual directora general de Patrimonio-, frente a las sospechas que los responsables políticos extienden sobre los funcionarios por cuestiones de «confianza», defendió que «la inmensa mayoría de los empleados públicos son gente trabajadora y honrada». Ana María Fernández, la que más tiempo ocupó el puesto, tres años, afirmó que el volumen de trabajo de Almacenes Pumarín e Igrafo no le llamó la atención porque «era legal, eran empresas suministradoras habituales del sector».
De momento, Arturo Verano, ex director general de Recursos Humanos, ha sido el único imputado en el «caso Marea» que ha aceptado responder preguntas. En el sumario judicial se afirma que Almacenes Pumarín le pagó un Audi A4 por valor de 31.000 euros. «Lo pagué yo», insiste Verano, «las facturas y demás comprobantes están en el Juzgado».
«Igrafo y Almacenes Pumarín eran los suministradores habituales del sector»
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De julio de 2003 a julio de 2006
«Me llamó la atención que las empresas adjudicatarias fueran siempre dos»
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De julio de 2007 a julio de 2009
«Cuando el procedimiento se sigue no hay razón para que haya irregularidades»
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De junio de 2010 a julio de 2011
«No es adecuado que un asesor técnico docente vigile la ejecución presupuestaria»
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De julio de 2006 a julio de 2007
«La inmensa mayoría de los funcionarios son gente trabajadora y honrada»
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De julio de 2009 a junio de 2010
«El coche lo pagué yo; las facturas y demás comprobantes están en el Juzgado»
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Director de Recursos Humanos
