-Alerta de un aumento de la conflictividad en España. ¿Los llamados «escraches» son una de sus manifestaciones?

-En principio, ya no me gusta el vocablo, que procede de la época de la dictadura argentina y el corralito. Sin menoscabar el drama que los desahucios suponen para muchas familias y mostrando solidaridad con los afectados, defiendo el derecho a manifestarse. Pero los desahucios son acordados mediante sentencia judicial. No entiendo bien por qué este modo se ha dirigido sólo contra determinados cargos. Son actuaciones antidemocráticas por su carácter represivo.

-En la sociedad late la sensación de que cometer delitos en España sale «muy barato». ¿Debería revisarse el cumplimiento de las penas?

-Es un debate importante y depende del concepto que cada uno tenga sobre pena. El derecho penal clásico ha girado en torno al delito. El nuevo derecho sancionador ha de apoyarse en el ser humano. El derecho penal ha de centrarse en la persona. Todos podemos ser delincuentes. Todos debemos colaborar en su reinserción. Creo en la misión rehabilitadora y resocializadora de la pena. Pienso que tienen un papel fundamental las juntas de tratamiento y los jueces de vigilancia penitenciaria. De momento, la reforma de la justicia en España se ha quedado en la generalización del pago de tasas. Cualquier variación debería reorientarse a la recuperación del delincuente. Me parece desacertado el antiguo modelo de redención de penas por el trabajo.