La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha acordado formular denuncia contra el exalcalde de Cudillero, Francisco González, por un presunto delito de prevaricación del que había sido acusado por el Partido Popular.
La denuncia del PP, presentada por su portavoz en Cudillero, Carmen Pérez García de la Mata, el pasado mes de febrero, se refiere al supuesto acuerdo alcanzado por González durante su mandato como alcalde de Cudillero con un funcionario al que se permitió cobrar su sueldo sin acudir a su puesto de trabajo desde el año 2008.
Según los populares, este pago se hizo a cambio de que el empleado retirara una demanda laboral contra el Ayuntamiento por desempeñar labores por encima de su categoría laboral dado que ejercía como interventor siendo únicamente administrativo.
Tras esta denuncia, el fiscal decidió en marzo abrir diligencias informativas tras las que el fiscal jefe interino, Joaquín de la Riva, ha decidido hoy denunciar al exalcalde ante el Juzgado de Instrucción de Pravia.
Según el decreto de la fiscalía, "se ha constatado que, efectivamente, se llegó a ese acuerdo" y que el mentado funcionario no acudió a su puesto desde septiembre de 2008.
"Se estima que dichos hechos pudiesen ser constitutivos de un presunto delito de prevaricación (...) por lo que se acuerda archivar las diligencias y formular denuncia ante el Juzgado de Instrucción de Pravia", señala el decreto.
El exalcalde de Cudillero presentó el pasado 9 de mayo su dimisión como diputado socialista en la Junta General del Principado nada más conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias había decidido abrirle juicio oral por un presunto delito continuado de exacciones ilegales.
El que fuera 21 años alcalde de Cudillero está acusado de haber cobrado entre 2003 y 2008 la seguridad que prestaban agentes de la Policía Local a cuatro chiringuitos que se colocaban en el puerto viejo de Cudillero durante los fines de semana de la temporada estival.
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias también decidió el pasado 30 de abril abrir una pieza separada por otro supuesto delito de prevaricación relacionado con la contratación de policías locales durante el periodo 2003-2008.
