Asturias no perderá «ni un euro» en el sistema de financiación si se aplica el principio de ordinalidad consensuado por el consejo territorial del PSOE el pasado sábado en Granada. El portavoz del Gobierno regional, Guillermo Martínez, replicó con esa contundencia al valorar ayer el informe de la Junta de Extremadura que atribuye a Asturias una pérdida de recursos de entre 393 y 442 millones anuales, en el caso de que prospere el modelo aprobado por los socialistas en su reciente cónclave. Foro y PP eludieron pronunciarse sobre la repercusión de la ordinalidad en Asturias. IU se opuso a toda cambio que suponga una merma de financiación para Asturias mientras que UPyD argumentó su rechazo a un modelo que «prime la igualdad territorial sobre la igualdad entre los ciudadanos».
«El Principado no tendrá merma de recursos. En este modelo, la ordinalidad sólo cambia para Cantabria y La Rioja, que tienen una renta similar», sostuvo el portavoz del ejecutivo asturiano y consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, quien rechazó el estudio presentado el pasado martes por la vicepresidenta extremeña, al popular Cristina Teniente. «El informe carece del más absoluto rigor. Parte de premisas completamente distintas a la propuesta aceptada por el PSOE. No tiene nada que ver con la resolución aprobada por el consejo territorial», planteó el portavoz del gobierno asturiano, quien exigió «claridad y honradez en los planteamientos» al gobierno extremeño.
El Principado defendió ayer el papel desempeñado por Javier Fernández en el cónclave socialista. «La ordinalidad asumida se corresponde con la jurisprudencia del Tribunal Constitucional», recalcó Martínez. ¿Y qué dijo el Constitucional en su recurso sobre el Estatut de Cataluña, en 2010? Pues «bendijo» el sistema vigente de financiación, en el que Asturias no sale perjudicada, según los informes de distintos expertos publicados en los últimos meses. La redacción del artículo 206.5 del Estatut, una vez pasado por el filtro del Tribunal Constitucional, estableció que «el Estado garantizará que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas per cápita entre las comunidades autónomas antes de la nivelación». El ejecutivo regional interpreta que la redacción de ese artículo salvaguarda los intereses de Asturias en materia de financiación autonómica, al menos mientras siga vigente el actual modelo y no se cambie, tal y como desean y han reivindicado la Generalitat catalana y otros gobiernos regionales, como los de Valencia, Murcia y Baleares. Los socialistas asturianos habían puesto como línea roja al criterio de la ordinalidad que cada autonomía mantuviera su posición inicial en el «ranking» de renta per cápita por habitante después de aplicar los denominados mecanismos de nivelación.
Foro y el PP eludieron valorar la repercusión del principio de ordinalidad en las aportaciones que recibe Asturias del Estado. El mensaje de Izquierda Unida de Asturias fue tan sencillo como directo: «No se puede perder ningún tipo de financiación», manifestó el coordinador general de la coalición, Manuel Orviz, quien afirmó que «un descenso de dinero supondría pérdidas en el bienestar de los ciudadanos y en el desarrollo de la región», concluyó Orviz. UPyD «impugnó» el principio de ordinalidad como criterio del futuro modelo territorial. «Es un argumento falaz, como el de las balanzas fiscales, un sistema que prima los derechos de los territorios sobre los derechos de los ciudadano», sostuvo el diputado del partido magenta, Ignacio Prendes. «Establecer que las regiones más ricas son las que tienen que recibir mayores aportaciones rompe el principio de solidaridad entre los ciudadanos», dijo el parlamentario de UPyD.
«El informe de Extremadura carece del más absoluto rigor»
<Guillermo Martínez >
Portavoz del Gobierno
«Menos recursos supone pérdidas para el bienestar y el desarrollo regional»
<Manuel Orviz >
Coordinador general de IU
«La ordinalidad es un argumento falaz, que rompe el principio de solidaridad»
<Ignacio Prendes >
Portavoz de UPyD en la Junta
