El Principado ha decidido reactivar la recaudación del impuesto a la banca en cuanto reciba la notificación oficial del auto del Tribunal Constitucional, que levanta la suspensión que pesaba sobre ese tributo desde el pasado mes de febrero. El Gobierno regional agradeció la decisión de los doce magistrados del Constitucional, que permitirá al Principado recaudar 30 millones de euros este año, y cargó contra el Ejecutivo de Mariano Rajoy, al que reprochó «ponerse del lado de los intereses particulares, del sector financiero». El auto del Constitucional ha sido acogido con satisfacción por IU y UPyD, los dos partidos que apoyaron la creación de esa nueva figura impositiva en Asturias. El PP reclamó «cautela» porque «el fallo no es el definitivo». Foro no se pronunció.

El Gobierno de Javier Fernández no las tenía todas consigo sobre la posibilidad de mantener el cobro del impuesto a la banca en 2013, después de que el pleno del Constitucional decidiera en febrero pasado suspender el tributo a la banca asturiano. «Aunque siempre confiamos en que el Tribunal levantaría la suspensión, también teníamos cierta inquietud; ahora, felizmente, ha quedado disipada», admitió ayer el consejero de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Guillermo Martínez. La Consejería de Hacienda, que dirige Dolores Carcedo, comenzará a tramitar el cobro del tributo a las entidades financieras que operan en Asturias en cuanto el auto del Constitucional, cuyo contenido adelantó ayer LA NUEVA ESPAÑA, sea notificado oficialmente al Principado y salga publicado en el «Boletín Oficial del Estado». «Se trata de una buena noticia presupuestaria para todos los asturianos. Treinta millones de euros son una cantidad muy notable en la actual coyuntura de crisis. Permitirán desarrollar políticas públicas de empleo, sanidad y educación», valoró a este periódico Martínez.

El portavoz del Ejecutivo asturiano, pese a reconocer que el auto de los doce magistrados del Constitucional no se pronuncia sobre el fondo del litigio entre el Principado y el Estado, espera que la sentencia definitiva también resulte favorable a la Administración regional: «confiamos en que sus argumentos sobre la prevalencia de los intereses generales sobre los del sector financiero, que compartimos plenamente, también pesen en la decisión final», añadió el consejero de Presidencia, que cuestionó la oposición mostrada por el PP al tributo asturiano. «El Gobierno central ha basado su alegato en las razones esgrimidas por la patronal bancaria. Los populares han dejado claro de qué lado están mientras que el gobierno asturiano ha estado junto a los intereses de los ciudadanos».