Conducir a 130 kilómetros por hora será posible en España dentro de unos meses, aunque solo en los tramos de autovía y autopista que el Gobierno considera especialmente seguros. Los expertos creen que ninguna de estas "autovías 130" estará en Asturias. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de reforma de la Ley de Tráfico sin concretar en que tramos se podrá ir a más velocidad. En principio serán aquellos que cuenten con un historial prácticamente impoluto en materia de accidentes y con unas condiciones óptimas de trazado y pavimentación.

El Gobierno estima que los cambios podrían ponerse en marcha a partir de marzo con la aprobación del Reglamento General de Circulación, aunque la norma aún tiene que pasar al Congreso para su tramitación parlamentaria y todavía falta por determinar qué carreteras están preparadas para el incremento de velocidad, algo que por el momento ni Tráfico ni los propios técnicos en seguridad vial son capaces de precisar.

Teniendo en cuenta los argumentos de los expertos, el nuevo límite de velocidad tiene pocas posibilidades de implantarse en Asturias debido "a lo complicado de su orografía". Según señaló en su día el secretario general de la Confederación Nacional de Autoescuelas, el asturiano Rubén Castro, "como mucho podría establecerse en algunos tramos de la A-8 (Autovía del Cantábrico) en dirección a Santander", aunque tampoco está "muy seguro".

El Gobierno plantea que el aumento de los límites en las vías rápidas esté condicionado por las circunstancias, es decir, regulado por paneles luminosos que informen a los usuarios de la vía si en ese momento se dan las condiciones necesarias para apretar más a fondo el acelerador. Esos cambios serían gestionados por la propia Dirección General de Tráfico (DGT) y para decidir sobre los límites máximos se tendrán en cuenta variables como la meteorología, la densidad del tráfico y la visibilidad, ya que por ejemplo la noche dificulta la conducción. Según propone el Gobierno, esos factores podrían determinar que en una misma vía, o incluso en un mismo tramo, puedan cambiar varias veces los límites a lo largo de un día. "Para aumentar la seguridad hay que hacer un estudio pormenorizado de cada carretera y establecer los límites adecuados en función de las características reales de cada vía, eso está claro. Lo malo es que se están planteando cambios que no están apoyados por estudios científicos y técnicos serios que los avalen", afirma el asturiano Raimundo García Cuesta, presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial.

La nueva ley también incluye un cuadro con las sanciones establecidas por saltarse los límites de velocidad en las distintas vías. En las que el tope está fijado en 60 kilómetros por hora se perderán puntos del carnet de conducir si se supera la barrera permitida en más de 30 kilómetros por hora. En el caso de los tramos en los que se permita una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora, la perdida de puntos se producirá a partir de los 150 por hora, al igual que en las carreteras en las que exista un máximo de 120. Entre 131 y 150, la sanción para el infractor será de 100 euros.

Otro de los cambios que pretende llevar a cabo el Gobierno tiene que ver con factores que se cobran muchas vidas en la carretera: el alcohol y las drogas. Las multas por conducir bajo los efectos de la bebida o con la "mera presencia" de drogas en el organismo subirán de quinientos a mil euros. En el caso de las drogas, no será necesario que afecten a la conducción para que el conductor sea castigado, como refleja la ley que está vigente, el documento recalca que la sanción se impondrá al detectar la "mera presencia" de cualquier sustancia prohibida en el organismo. La única excepción es la de aquellas personas que tengan que consumirlas por prescripción médica y las que las usen con una finalidad rehabilitadora, como aquellos que reciben tratamiento para desengancharse de alguna adicción. Según señaló ayer el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, del total de las personas que perdieron la vida en las carreteras españolas durante el año pasado, el 47,3% dio positivo en alcohol, drogas o psicofármacos. Los peatones también tendrán la obligación de someterse a una prueba de alcohol o drogas si han cometido una infracción, aunque no se hayan visto implicados en un accidente.

Radares

La futura ley también prohibirá los detectores de radares (actualmente sólo no son legales los inhibidores). Aquellos conductores que los usen tendrán que enfrentarse a multas de 200 euros y a la pérdida de tres puntos del carnet. Los mecanismos que informan sobre la posición de los sistemas de vigilancia de Tráfico -reflejados en la página web de la DGT- están excluidos de las sanciones. Además, la ley sólo establece la obligación de utilizar casco en ciudad a los ciclistas menores de edad, aunque el nuevo Código de Circulación podrá extender la medida al resto de usuarios. El ministro de Interior explicó que la decisión se tomará cuando concluya el debate que se lleva a cabo en una subcomisión del Congreso.

Por otro lado, también habrá cambios en las normas para los menores. La ley anterior sólo prohibía circular con menores de 12 años como pasajeros en ciclomotores o motocicletas, pero ahora también se prohibirá viajar "con menores en los asientos delanteros o traseros cuando no esté permitido". Según el Gobierno, los criterios de edad y talla que marcarán las nuevas reglas se concretarán en el Reglamento General de Circulación.