La justicia regional apuntó ayer de forma clara y directa a los políticos asturianos, a quienes responsabilizó de las carencias que le mantienen «al límite de sus posibilidades». Ignacio Vidau, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), volvió a criticar la «escasa diligencia» de la Junta General del Principado a la hora de cubrir la vacante dejada en la Sala Civil y Penal por José Manuel Buján Álvarez, magistrado fallecido hace ya 21 meses. A pesar de la insistencia durante todo este tiempo, su plaza todavía no ha sido cubierta, situación que, según Vidau, supone un «manifiesto desprecio» por parte de la Junta General hacia la justicia asturiana. Paralelamente, la Fiscal Superior del Principado, Esther Fernández, reclamó a la Administración regional más medios, tanto personales como materiales, porque su carencia «atenaza hasta casi estrangular la actividad diaria» de su ministerio.

Ambos realizaron sus reivindicaciones durante los discursos que ofrecieron ayer en la ceremonia de apertura oficial del año judicial, celebrada en la sede del TSJA en Oviedo. Vidau denunció que, «en algunas situaciones», el esfuerzo que se está realizando desde la administración de justicia «no resulta compartido por todos los poderes», en referencia a la falta de cobertura de la plaza dejada por Buján. «Nos está causando evidentes prejuicios en el funcionamiento de la Sala y creo que se trata de un manifiesto desprecio hacia la justicia asturiana», abundó. El presidente del TSJA también denunció la «escasez de medios» y advirtió de que «estamos trabajando al límite de nuestras posibilidades». «Con los medios personales, materiales, de organización y con los instrumentos legales de que disponemos, sinceramente creo que no se puede hacer más ni mejor de lo que se hace», agregó.

Vidau, que en el inicio de su intervención tuvo un recuerdo para el antiguo fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero -fallecido en marzo-, insistió en la necesidad de llevar a cabo una serie de propuestas para conseguir «un servicio más moderno y eficaz» y, en este sentido, destacó su propuesta para mejorar la administración de justicia asturiano. Vidau habló de implantar medidas encaminadas a activar la situación económica y a ahorrar en los procesos, «máxime cuando los cálculos indican que cada procedimiento tramitado en España cuestan entre 1.500 y 1.800 euros». En este punto, el presidente del TSJA recordó que la litigiosidad se ha incrementado en España un 50% en 13 años, de los 6 millones de asuntos en el año 1999 a los 9 millones registrados el año pasado. Vidau apuesta también por la modificación de la actual Ley de Demarcación y Planta Judicial, normativa de cuya entrada en vigor se cumplen 25 años este 2013. Para Vidau, su modelo «ya no es sostenible». El presidente del Tribunal Superior de Justicia aboga por una nueva organización y distribución de los efectivos, creando nuevos órganos distribuidos por toda España, siendo así necesarios, dijo, 295 juzgados unipersonales y 143 órganos colegiados. El máximo representante de la Judicatura asturiana acompañó su discurso de un pequeño balance de la situación de la justicia autonómica, en el que destacó que la tasa de resolución mantenida por sus órganos es «muy elevada», situando a la región «a la cabeza de las estadísticas de toda España.

No faltó en el discurso de Vidau referencias a la corrupción, «la segunda preocupación de los ciudadanos». El máximo exponente del TSJA pidió un «aumento de la eficiencia de los órganos de inspección y control de las administraciones y el establecimiento de mecanismos de detección precoz que permitan abortar este tipo de delitos en sus inicios». Un tema que ocupó mayor tiempo en la alocución de la fiscal Esther Fernández.

En la misma línea que Vidau, Fernández apuntó que en Asturias se han dado, «más que un conjunto de tramas organizadas», casos puntuales relacionados en su mayoría contra alcaldes por recalificaciones urbanísticas que trataban de favorecer a una empresa, concesiones de licencias de edificación o adjudicación de obra pública. Fernández cree que el ministerio que dirige es una «pieza clave» en la lucha anticorrupción y necesaria para que «no se generalicen» críticas infundadas contra los profesionales de la justicia». También se refirió al Caso Marea e instó a mantener la cordialidad entre los estamentos para «conseguir que la justicia sea más rápida y eficaz».

La fiscal admitió que son tiempos de racionalización por la crisis económica, pero que «no por ello podemos callar sobre la existencia de ciertas carencias que hacen muy difícil el desarrollo de nuestras funciones». Fernández añadió que «sólo trasladaremos a la Comunidad las necesidades más perentorias, aquellas cuya carencia atenaza, casi hasta estrangular, la actividad diaria del ministerio fiscal». En este contexto, destacó la necesidad de restablecer su Oficina de Comunicación: «Agradezco el compromiso que el Presidente del Principado adquirió personalmente conmigo para restablecer el servicio, pero debo pedir, una vez más, que se haga cuanto antes para que el funcionamiento de la Fiscalía sea adecuado a las exigencias del momento».

A la ceremonia celebrada en la sede del TSJA, a cuya entrada se dieron cita varias decenas de personas protestando contra los recortes, asistieron el delegado del Gobierno en Asturias, Gabino de Lorenzo; los vocales del Consejo del Poder Judicial Manuel Almenar, Ramón Camp y Miguel Collado; el director de Justicia del Principado, José Luis Villaverde; el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz y un nutrido número de representantes de la judicatura, la política y la sociedad civil y militar asturiana.