"No somos unos vagos ni aceptamos el discurso del Ministerio, que califica así a quienes tienen que devolver las becas". Héctor Piernavieja, estudiante de último curso de Biología, representante de los alumnos que ayer clamaba justicia en la reunión celebrada en la Escuela de Minas, confía en lograr una solución satisfactoria para casi medio millar de estudiantes, entre los cuales hay casos desesperados.
"Mucha gente vive situaciones duras que no les permiten dedicarse a los estudios como les gustaría, esta medida del gobierno para excluir a gente de la universidad pública les da el golpe de gracia", asegura. Reconoce que la gente ya conocía los requisitos de antemano. "Pero aún así, son una medida hostil para el estudiante", aclara. Entre las posibilidades para evitar la devolución de las becas cita la posibilidad de hacer una ley de aplicación retroactiva o una disposición que anule lo anterior. "Fórmulas hay, si se quiere, el caso es que el número de afectados ha pasado de 44 a 500 en Asturias y eso es un problema que debe resolverse", sentencia. Ramón Durán, Defensor del Universitario, hace un llamamiento a la responsabilidad. "Las becas salen del erario publico y son fruto del esfuerzo común. Si alguien se equivoca de carrera y no aprueba los créditos necesarios para la beca, tendrá que asumir alguna consecuencia", explica. Distintas son, en su opinión, circunstancias excepcionales que impiden al alumno rendir. "La enfermedad o muerte de un familiar, por ejemplo, deben tenerse en cuenta y dan pie al análisis particular de cada caso", apunta. Los afectados tendrán que devolver todo el importe de sus becas, a excepción de los gastos por matriculación. Se calcula que en España hay más de 65.000 damnificados.
