El Parlamento asturiano aprobó ayer por unanimidad una iniciativa de Izquierda Unida para que el Gobierno regional acabe con la lista de espera del salario social en 6 meses. La coalición, en cambio, no tuvo apoyos para frenar la reforma de la ley del salario social que prepara el Ejecutivo socialista y que, a su juicio, incluye un endurecimiento de los criterios para cobrar esta remuneración. El debate sobre la necesidad de agilizar la tramitación de esta ayuda básica se produjo un día después de que la consejera de Bienestar Social reconociera que el pago de los atrasos del salario social estaba provocando que algunos beneficiarios perdieran, al menos temporalmente, la pensión no contributiva de la Administración central.

Noemí Martín, diputada de IU y exconsejera de Bienestar Social, sostuvo que la reducción de la lista de espera del salario social es una cuestión de voluntad política. "Ahora, con la herramienta informática y la plantilla de 50 personas destinada al salario social, si existe voluntad de poner los recursos necesarios, en un plazo máximo de seis meses se podría acabar con la lista de espera", afirmó la parlamentaria de Izquierda Unida, quien cifró entre 15 y 20 millones de euros el incremento que requerirá esa partida en los presupuestos de 2015 respecto a los 88 millones de euros que costará este año a las arcas regionales la financiación de esta ayuda básica.

Martín reconoció el esfuerzo económico que supone para el Principado la financiación del salario social pero, al mismo tiempo, mantuvo que su grupo parlamentario no vacilará en la crítica "a la gestión equivocada del Gobierno". La exconsejera también cargó las tintas contra el proyecto de reforma sobre la ley del salario que prepara la consejería que dirige Esther Díaz, con la que reconoció que "no hay buena química" después del agrio "cara a cara" de la víspera . "Se endurecen las condiciones para el mantenimiento del salario social cuando habría que posponer las revisiones de oficio hasta que las nuevas solicitudes no se resuelvan en el plazo que marca la ley, de tres meses".

La diputada socialista Nuria Devesa fue la encargada de dar réplica al discurso de IU sobre el salario social. "Nada les parece bien. Presentan una moción con un ánimo poco constructivo", reprochó la parlamentaria del PSOE a la coalición. "No se puede facilitar que el salario social se convierta casi en una prestación no contributiva", cuestionó Devesa, quien echó en cara a la exconsejera Martín que la reforma de la ley del salario social ha contado con el respaldo de la Mesa Ciudadana contra la Pobreza, a excepción del sindicato Comisiones Obreras. Esther Landa, de Foro, atribuyó al Gobierno socialista "un interés electoral" en "arreglar ahora el desaguisado del salario social" porque "el fracaso de las políticas sociales es evidente" mientras que Victoria Delgado, del PP, cuestionó "el palmario incumplimiento de los plazos establecidos en la ley" para responder las peticiones del salario social", si bien consideró necesaria la reforma de la normativa para "garantizar la sostenibilidad de los servicios sociales". Ignacio Prendes, de UPyD, reconoció que "se puede mejorar la tramitación del salario social" pero discrepó de que la revisión de las ayudas "suponga endurecer las condiciones porque es algo que ya está previsto en la normativa".