La "bomba" estalló el 8 de octubre de 2014: José Ángel Fernández Villa, el otrora todopoderoso secretario general del SOMA, árbitro de la política asturiana durante décadas, estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción después de que hubiese regularizado 1,4 millones de euros en la amnistía fiscal de Montoro de 2012. Posteriormente se descubría que también el expresidente del Montepío de la Minería -y exsecretario de organización del SOMA-, José Antonio Postigo, había regularizado dinero opaco, más de 400.000 euros, y también la hija de éste, 60.000. Se hundía así un mito de la lucha obrera, no solo en Asturias. Desde esa fecha, Anticorrupción ha ido avanzando en esta investigación, pero no se habían producido hasta ahora acciones tan contundentes como los registros realizados por la Unidad Central Operativa (UCO) en la vivienda de José Ángel Fernández Villa y otros inmuebles relacionados con exdirigentes y asesores del sindicato y el Montepío.

Villa adujo que el dinero procedía de la herencia de su madre, que había tenido un bar en Tuilla. La UCO y la Agencia Tributaria, por encargo de Anticorrupción, interrogaron a diferentes dirigentes y trabajadores del sindicato, investigaron de dónde podía provenir la fortuna de Villa -que una comisión de investigación de la Junta General del Principado, que arrancó en noviembre de 2014, no puedo esclarecer- y elaboraron un informe, parte del cual se incorporó al procedimiento abierto por la querella del SOMA por apropiación de más de medio millón de euros presentada por el sindicato contra su exsecretario general y contra Pedro Castillejo, exgerente del Infide.

Según este informe, parte de la fortuna de Villa procedería de las dietas del comité intercentros de Hunosa que debían cobrar sus compañeros pero él se quedaba sistemáticamente, así como de cantidades y gastos que sacaba sin control de las cuentas del SOMA.

Sin embargo, estas cantidades no eran suficientes para explicar los 1,4 millones aflorados por Villa. Tenía que haber necesariamente algo más, y es entonces cuando Anticorrupción puso el foco en las obras del geriátrico de Felechosa (Aller) -que alcanzaron el disparatado precio de 32,5 millones de euros- y otros centros de ocio centros de ocio del Montepío en Salamanca, Almería y Murcia. A finales de 2016, la nueva dirección del Montepío encargó un informe que posteriormente entregó a Anticorrupción, que cifraba las irregularidades en unos dos millones de euros.