Candás,

Braulio FERNÁNDEZ

Una docena de vecinos residentes en la calle Camino del Faro, adyacentes a la casa sobre la que pesa una orden de ejecución de sentencia para su demolición parcial, ha firmado un manifiesto de apoyo a la familia propietaria de la vivienda afectada. En su escrito, que ha sido presentado por registro en el Ayuntamiento de Carreño, los vecinos piden que no se derribe la vivienda y denuncian «el absurdo que supone derribar un tejado cuando puede levantarse de nuevo en idéntico estado y lugar mientras la licencia concedida no se anule».

Los vecinos, además, denunciaron que el problema se deriva de la denuncia efectuada por un único propietario de la zona, del que dicen «hace uso de la amenaza, el abuso y la falsa denuncia».

Es este propietario el que interpuso la demanda por las alturas. El juez de la sala número uno del Contencioso administrativo de Gijón resolvió en 2005 que debía sustituirse la cubierta existente. El denunciante pidió la ejecución de la sentencia al juez, que entonces impuso multas al alcalde de Carreño, el socialista Ángel Riego, por valor de 400 y 1.200 euros, por retrasos en ejecutar el fallo.

Los vecinos firmantes del manifiesto aseguran que el denunciante, a través de múltiples denuncias, «ha dado con una deficiencia legal que le ha permitido ganar una sentencia que parece conducir al derribo de una construcción legal, ajustada a licencia y a la normativa de Carreño, según su aplicación general, a diferencia de lo que ocurre con las construcciones del propio denunciante».

Los vecinos se vuelcan con los residentes del número 5 del Camino del Faro, «que han sufrido esta abusiva denuncia, acompañada de presiones y otras maquinaciones fraudulentas, por haberles plantado cara en alguna ocasión». De hecho, han querido denunciar «la excesiva tolerancia que con los abusivos denunciantes se ha tenido desde el Ayuntamiento, al parecer por no meterse en problemas».

Creen que se ha llegado «a extremos intolerables, a la vista de las construcciones groseramente ilegales y su empeño fraudulento en el derribo de una vivienda legal», y aseguran que siempre ha existido entre todos ellos una convivencia cordial, «con la única y radical excepción de los denunciantes».