La Maddalena (Italia)

Madrid, Agencias

El Gobierno pretende que la subida fiscal que prepara para 2010 alcance también a los impuestos indirectos, epígrafe que engloba el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los tributos especiales sobre el alcohol, el tabaco o los hidrocarburos. Lo desveló ayer el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, dando a entender que su equipo económico está pensando en una reforma que incluirá, además de la supresión total o parcial de la deducción de los 400 euros y de un incremento del tipo impositivo que se aplica a las rentas de capital, una revisión de los impuestos que gravan el consumo.

En Cerdeña, donde el Gobierno celebró una cumbre bilateral con el italiano de Silvio Berlusconi, Zapatero precisó que la «grave crisis económica» y la necesidad de contener el déficit público, junto con el propósito del Gobierno de no reducir los gastos sociales, obligan al Ejecutivo a llevar a cabo un aumento de impuestos que, en principio, «se limitará» a la deducción de 400 euros, al gravamen sobre las rentas del capital y a la imposición indirecta.

El Presidente no detalló qué impuestos indirectos piensa modificar. El pasado junio, el Gobierno ya decidió una subida del tributo especial sobre las ventas de hidrocarburos y del que grava las labores de tabaco. El efecto recaudatorio sería mayor en el caso del IVA. El pasado miércoles, Zapatero hizo un comentario acerca de cómo la canciller alemana Angela Merkel tomó el camino de subir el gravamen de ese impuesto del 16 al 19 por ciento en 2006. El tipo general del IVA es en España inferior al promedio de la Eurozona y está hasta nueve puntos por debajo de los que se aplican en algunos países. En España también se aplica un IVA reducido (7 por ciento) para un buen número de productos y servicios (viviendas, transporte y hostelería, por ejemplo) y otro «superreducido» (4 por ciento), que afecta a la mayoría de los alimentos básicos y a los medicamentos, entre otros productos.

La posibilidad de retocar el IVA ha estado viva en los debates públicos durante los últimos meses y es bien vista por algunos sectores de expertos. Principalmente por su efecto recaudatorio. Según técnicos de Hacienda, cada punto de incremento en el tipo general (16 por ciento) puede reportar a las arcas públicas cerca de 4.000 millones de euros, la cuarta parte del aumento de la carga fiscal (15.000 millones) que el propio Zapatero puso como límite durante el debate que, sobre la situación de la economía, se celebró anteayer en el Congreso.

En sede parlamentaria, el Presidente evitó el miércoles entrar en más detalles sobre el plan fiscal que el Gobierno tiene entre manos. Ayer lanzó desde Italia la idea de los tributos indirectos sin precisar más. Otras fuentes gubernamentales argumentaron que la propuesta sobre los impuestos se conocerá durante el proceso para elaborar y negociar con el resto de las fuerzas políticas los Presupuestos de 2010.

Los especialistas fiscales subrayan que actuar sobre el IVA tiene ventajas, pero también varios inconvenientes. Por una parte, colisiona con el criterio de la progresividad, porque es un impuesto que grava por igual a los contribuyentes sin considerar su nivel de renta.

Subir el IVA puede resultar contraindicado cuando, como en el momento actual, el consumo de las familias está deprimido, porque la subida de precios que lleva aparejado el incremento del impuesto puede retraer aún más las compras. Y se estima también que una medida así puede tener efectos inflacionistas, un impacto más común en tiempos de crecimiento que en los de crisis.

El camino de revisar el IVA fue tomado en 1995 por el Gobierno español, siendo presidente el socialista Felipe González y ministro de Economía Pedro Solbes. El equipo del también ex vicepresidente económico de Zapatero elevó el tipo general del 15 al 16 por ciento. Entonces, la anterior recesión que sufrió España (1993) daba sus últimos coletazos y el país intentaba también embridar el fuerte déficit público que de aquélla, como ahora, trajo consigo el deterioro de la economía.

En 1995, el Gobierno subió el IVA y paralelamente rebajó un punto las cotizaciones sociales que pagaban empresarios y trabajadores, con el propósito de alentar la creación de empleo. Durante los últimos meses, la patronal CEOE ha abogado por la combinación de ambas medidas: un incremento del IVA y una rebaja de los pagos empresariales a la Seguridad Social. Aunque la organización que preside Gerardo Díaz Ferrán ha demandado una reducción de cotizaciones de hasta 5 puntos, mucho más ambiciosa que la de hace 14 años.

La recaudación del IVA se ha resentido notablemente de la crisis económica este año, con descensos que en el caso de Asturias superan el 40 por ciento interanual.

El Gobierno se comprometió ayer con los sindicatos a mantener el poder adquisitivo de los salarios de los funcionarios en el año 2010, aseguraron ayer el propio Gobierno y los representantes de las federaciones de servicios públicos de CC OO y UGT y el presidente de CSI-CSIF, tras el encuentro que las centrales mantuvieron en el palacio de la Moncloa con la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.

Los sindicatos mostraron su satisfacción ante la actitud del Gobierno, aunque aseguraron que, durante el encuentro, no se han tratado puntos concretos en cuanto a los salarios, como la propuesta de incremento del 1 por ciento planteada por CC OO y UGT para el año 2010.

Por parte del Gobierno, la secretaria de Estado de la Función Pública, Carmen Gomis, admitió que existen algunas discrepancias en ciertos temas, pero confió en alcanzar un acuerdo porque «claramente» hay objetivos comunes que permitirán acercar posiciones en futuros encuentros.

Explicó que De la Vega ha propuesto un acuerdo a los sindicatos que gire entorno a tres puntos básicos: un marco de retribuciones que asegure que los empleados públicos no perderán poder adquisitivo, un plan de desarrollo del Estatuto del Trabajador Público como herramienta de modernización y una adecuación de la oferta de empleo público a las nuevas demandas y necesidades de la situación económica. Carmen Gomis destacó el clima «constructivo» de la reunión, aunque aseguró que las negociaciones «no han hecho más que empezar».

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT, Julio Lacuerda, celebró que el Gobierno tenga intención de mantener el poder adquisitivo de los empleados públicos, aunque, señaló Lacuerda, pretenda cierta contención salarial.

El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CC OO, Enrique Fossoul, consideró que se ha abierto un proceso de diálogo social «con mayúsculas» que pretender dar confianza al conjunto de la sociedad y ser un ejemplo para los que no han sido capaces de mantener el diálogo social en el ámbito privado.

El salario de los funcionarios se ha congelado en los últimos veinte años en dos ocasiones: la primera en 1994, con Felipe González como presidente de Gobierno, y la segunda, en 1997 durante el primer mandato de José María Aznar al frente del Ejecutivo.