Oviedo,

Luis GANCEDO

Entre 1994 y 2008, España tuvo su más largo e intenso período de expansión de la actividad y el empleo, pero el final de ese ciclo ha dejado claro que los cimientos económicos de la octava potencia del Mundo eran muy vulnerables. España va camino de ser el último de los países desarrollados en salir de la recesión y ningún otro ha sufrido en la crisis global que empezó en 2008 un aumento tan explosivo del paro. No hay organismo internacional o servicio de estudios doméstico que no demande «reformas profundas» y un «nuevo modelo productivo», expresiones recogidas como compromisos en los programas electorales que llevaron a la Moncloa a José María Aznar en 1996 y a José Luis Rodríguez Zapatero en 2004, y ahora actualizadas en el anteproyecto de ley de Economía Sostenible que el Gobierno acaba de presentar en el Congreso.

Bajo los gobiernos de Aznar y Zapatero se creó mucho empleo y con ambos fue creciendo también la «burbuja inmobiliaria», cuyo arranque sitúan los expertos a finales de los años 90. Y pasado este ciclo algunos indicadores sobre la calidad del modelo español están así: la inversión en innovación sigue muy por debajo de la media de los países más desarrollados de Europa -el 1,27% del PIB, frente al 2,5% de Alemania-, la mitad de la población en edad de trabajar no ha terminado más estudios que la enseñanza obligatoria y el 90% de los contratos que se firman, ahora como hace diez años, es temporal.

No hay ley ni gobierno, sostiene una mayoría de economistas, que puedan borrar esas carencias en unos pocos años ni trazar un nuevo patrón de desarrollo si no es con mucho tiempo, reformas profundas, consenso político y un compromiso colectivo de la sociedad.

El anteproyecto de Ley de Economía Sostenible, que ha cosechado generalizados reproches de la oposición, contiene, según los análisis preliminares de algunos especialistas, un diagnóstico difícil de discutir: el crack de 2008 ha desnudado la vulnerabilidad del modelo de crecimiento económico de España, que necesita otro de más valor productivo, volcado en las nuevas tecnologías y el conocimiento.

Ahora bien, esas primeras opiniones técnicas indican también que las propuestas de Zapatero se quedan cortas. Lo ha dejado caer hasta el Banco de España: «La ley está bien», pero España necesita «reformas ambiciosas y urgentes», ha dicho José Luis Malo de Molina, director del servicio de estudios del organismo supervisor. Una tesis en cierta medida concordante con una expresión que el pasado martes utilizó en respuesta a Zapatero el portavoz de CiU, Josep Sánchez Llibre: la ley de Economía Sostenible tiene «pocas proteínas».

La Ley de Economía Sostenible (LES) no es una política para salir de la crisis. Su propósito, enfatiza el Gobierno, es procurar, en un horizonte de 10 o 15 años, un cambio en el modelo de crecimiento. El anteproyecto está formado por 137 artículos, 79.000 palabras y 200 páginas. Un voluminoso texto en el que, como ha reparado algún político de la oposición, menudean en exceso verbos poco concretos como «promover» y «fomentar». Abundan también, como han avisado ciertos economistas, propuestas cuyo alcance preciso no se aclara.

«Hasta que no veamos los reglamentos y las leyes que faltan no sabremos si de verdad estamos ante un paso adelante», ha escrito Luis Garicano, profesor de la London School of Economics. De momento, la ley económica de Zapatero plantea cuestiones como las que se exponen a continuación.

l Mercados, transparencia y sueldos de directivos. Para el sector financiero, el proyecto anuncia un nuevo «Código de transparencia de préstamos y créditos», tendente a reforzar la «concesión responsable» del crédito y la protección de los usuarios. Ahí se para el texto y la concreción queda comprometida para seis meses después de que, presumiblemente mediado 2010, se apruebe la Ley de Economía Sostenible. «Cuando entramos en detalle, nos quedamos con la miel en los labios», ha comentado con ironía Jesús Fernández-Villaverde, profesor de la Universidad de Pennsylvania.

Pendiente una posición común del G-20, el Gobierno evita limitar por ley las remuneraciones de los ejecutivos de grandes empresas, aunque aumenta las obligaciones de transparencia. Las empresas que cotizan en Bolsa deberán elaborar informes con más detalle sobre los sueldos de sus directivos y someter tales informes de manera separada a votación en las Juntas de Accionistas.

l Competitividad y empresas. José Manuel Campa, el asturiano que está al frente de la Secretaría de Estado de Economía y uno de los partícipes en la elaboración del anteproyecto, ha puesto en la eliminación de las trabas administrativas a la creación de empresas una de las pocas propuestas celebradas por la patronal CEOE. Se plantea que las sociedades limitadas más pequeñas -con capital inferior a 3.100 euros- puedan constituirse en 24 horas. Para las S. L. de hasta 30.000 euros, el plazo será de cinco días. España es ahora el país desarrollado donde más papeleo y tiempo lleva crear una empresa: 47 días de media.

La ley intenta así concretar una promesa de simplificación administrativa que tiene más de veinte años. Se echan en falta, según los empresarios, más reformas que agilicen el día a día de las relaciones de los emprendedores con la Administración.

l Innovación e internacionalización. La medida estrella en I+D+i es que se amplía del 8% al 10% el techo del gasto en I+D+i deducible por las empresas en el impuesto de sociedades. Se añaden medidas sobre tramitación de patentes y para mejorar la cooperación público-privada y se plantea que el Estado reserve una parte de sus contrataciones para pymes innovadoras. Las medidas de impulso al comercio exterior son genéricas. Los compromisos coinciden cuando, tanto en políticas de innovación como en fomento de las exportaciones, el Gobierno ha reducido el gasto en el proyecto de Presupuestos del Estado para 2010.

l Morosidad. Una de las medidas de mayor impacto mediático: fijar por ley la obligación de las administraciones públicas de pagar a sus proveedores o contratistas en el plazo máximo de 30 días, a partir de 2013. Saludado inicialmente por la patronal como un compromiso favorable para las pymes, los empresarios ya han denunciado que la norma tiene muchas lagunas. Además ha despertado la preocupación de los ayuntamientos. Con las arcas locales gravemente damnificadas por el abrupto desenlace de los excesos urbanísticos e inmobiliarios, hay Ayuntamientos que, como el de Oviedo, están alertando de que la obligación de pagar en 30 días conducirá a la quiebra de muchas finanzas municipales.