Madrid / Oviedo, L. G.

La luz no subirá durante el próximo trimestre (a partir del 1 de abril), pero tampoco bajará, a pesar de que el coste de la energía lo ha hecho, como reflejó ayer la subasta que se utiliza como referencia para fijar la mitad de la tarifa. El propósito del Gobierno de contener el enorme déficit acumulado por el sistema (20.000 millones de euros) ha llevado al Ministerio de Industria a no plantearse, en vísperas electorales, la que hubiera sido la primera rebaja de la luz en diez años. El pasado enero la factura para los hogares se encareció de media casi un 10%, el mayor incremento desde 1983.

La llamada tarifa de último recurso (TUR), a la que están acogidos más de 20 millones de consumidores, se revisa trimestralmente y el precio tiene dos partes: los costes regulados (transporte en alta tensión, distribución, primas a las energías renovables, incentivos al carbón y otros pagos) y el precio de la energía. Sobre el papel, el recibo puede bajar si lo hace una de esas partes o ambas a la vez. Así ocurre con la tarifa del gas natural, que sigue un modelo análogo. De hecho, el recibo del gas baja por lo general cuando lo hace el precio internacional de este combustible.

Pero la electricidad no se ha abaratado en España nunca desde que se instauró la TUR el 1 de julio de 2009. El precio de la luz no baja desde 2001.

La subasta de ayer se saldó con una rebaja del 9,4% en el precio pagado por las compañías comercializadoras de electricidad, según informó la agencia «Europa Press». El resultado está en línea con lo que esperaba el Gobierno para un trimestre, el segundo del año, en el que el componente energético de la tarifa siempre baja porque son menos duraderos los momentos de consumo intenso en los hogares (se dejan de utilizar las calefacciones y aún se usan poco los aparatos de aire acondicionado).

Paralelamente, el Gobierno ha decidido incrementar en un 10,8% los costes regulados, también llamados peajes. De modo que lo que se ahorra en la energía se incrementa en los otros pagos a las eléctricas. La intención del Gobierno es evitar que el déficit anual de la tarifa, en buena medida asociado al pago de incentivos a la energía renovable, se dispare por encima del límite legal, de 3.000 millones de euros.