La justicia española está comenzando a fallar de forma mayoritaria a favor de que el Estado y las autonomías devuelvan las cantidades cobradas de más por el llamado céntimo sanitario (el impuesto que grava el consumo minorista de combustible). Estos pronunciamientos llegan después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declarase ilegal esta tasa y abriera así la puerta a las reclamaciones de las empresas del transporte. Según señala el presidente de la patronal asturiana del sector, Asetra, Ovidio de la Roza, son ya varios los tribunales españoles (hay casos en Andalucía, Cataluña o Castilla y León) que se han pronunciado a favor de los transportistas. Todavía no ha habido ninguno en el Principado, señaló el líder de la organización empresarial.

Según algunas estimaciones, los transportistas asturianos estiman que, como máximo, podrán recuperar casi cien millones como devolución por el céntimo sanitario. En concreto, Asetra asegura que si todas las compañías afectadas reclamaran podrían obtener un retorno de 99,5 millones. Aunque aseguran que la cifra será mucho menor, ya que algunas empresas habrán desaparecido y muchas no conservarán las facturas desde 2002 para acá.

Según las cuentas de la patronal, la cifra que se podría reclamar por el tramo del impuesto nacional (que supondría una tasa de 2,4 céntimos por cada litro de gasóleo y que se aplicó desde el año 2002) sería de cerca de 60 millones. Mientras que por el autonómico (aplicado desde 2004) serían unos 40 millones.

Ahora, la inmensa mayoría de las sentencias, explica De la Roza, está siendo favorable a la devolución; las pocas que no lo han sido fue porque reclamaron más documentación a las empresas demandantes. Una de las últimas conocidas es relativa a una empresa de transporte de Valladolid por la que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León obliga al Ministerio de Hacienda a devolverle 278.000 euros por lo cobrado de más cada vez que su flota cargaba combustible.

El fallo emitido por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en respuesta al pleito entablado por una empresa de transportes catalana tanto contra la Generalitat como contra el Estado, concluye que el impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos carece de una finalidad específica, ya que no cumple el requisito "de garantizar por sí mismo la protección de la salud y el medio ambiente".