M. S.
La Plataforma de Cabueñes no seguirá con el «caso Blanco» por la vía penal. Pero eso no significa que este colectivo, precursor de una investigación insólita en el urbanismo gijonés, vaya a darse por vencido. Ayer, sus portavoces anunciaban «un mayor esfuerzo para la obtención de nuevas pruebas que acrediten, todavía con más rigor, la comisión de los hechos delictivos denunciados».
El Juzgado de Instrucción número 5 decretó un sobreseimiento provisional de la causa, lo que permitiría reabrir el «caso Blanco» en el futuro, si apareciesen otras pruebas más contundentes. «Nosotros no damos por cerrado el asunto», advierte la Plataforma de Cabueñes, al tiempo que insiste en que «la utilización de los instrumentos y conocimientos urbanísticos por parte del denunciado constituyen claramente los delitos por los que formuló denuncia el ministerio fiscal».
Los vecinos rebatían ayer el auto de la Audiencia Provincial de cabo a rabo. Empezando por que en la disertación sobre el cohecho impropio «se cita la segunda venta en fecha del 29 de julio de 1994 cuando se produjo en 2004». Para la plataforma, Ovidio Blanco sí intervino en el PGO que recalificó más de 250.000 metros cuadrados de suelo en la parroquia de Cabueñes. «Era la jefatura del servicio la que dirigía realmente el trabajo», mantienen.
Sobre el supuesto delito de uso de información privilegiada, el colectivo vecinal precisa que «la prescripción se computa con respecto a la denuncia de la fiscalía, pero no considera que la consumación del delito se puede valorar cuando se generó la ganancia», esto es, cuando Blanco vendió la parcela a Urbis S. A. en 2006.
También le ponen peros a la interpretación que hace la Sección Octava de la Audiencia sobre el tráfico de influencias. «Era su función emitir preceptivamente informes técnicos sobre todos los expedientes relativos a la aprobación y modificación de figuras de planeamiento», alega la Plataforma, que continúa con sus actuaciones administrativas, «reforzadas por la información obtenida en este proceso».
