M. CASTRO
Hace tiempo que los ecologistas y otros colectivos ciudadanos califican como despropósito el proyecto de Cogersa para construir en Serín una incineradora para quemar 425.000 toneladas de basura al año. Ahora, además, lo tachan de ilegal, tras la entrada en vigor el pasado mes de julio de la ley de residuos.
Una ley que obliga a buscar «otras alternativas antes de quemar y dice que no se puede quemar sin garantizar la salud de la gente», explicó Ignacio Martínez, miembro de la Asociación Asturiana de Amigos de la Naturaleza (ANA), quien ayer intervino en la jornada que organizó el Conceyu Contra la Incineración sobre el proyecto de Cogersa respaldado por PSOE y PP.
Martínez confía en que la crisis económica se lleve por delante un proyecto sobre el que opina que perjudicaría la salud, el medio ambiente, devaluaría los productos agrícolas y subiría las tasas por recogida de basuras. No sería el primer proyecto que se paraliza en España. En Cataluña, el nuevo Gobierno ya paralizó una incineradora y también ha ocurrido lo mismo con otra en el País Vasco, con la mitad de tamaño que la de Asturias. Miembros del Conceyu, como la Coordinadora Ecologista, ya han remitido información al Banco Europeo de Inversiones para que niegue la financiación a «un proyecto que contraviene las directrices comunitarias», explica Martínez.
En el caso de que Cogersa pueda disponer de fondos para construir la incineradora, los grupos que se oponen activamente a la misma ya preparan una batalla legal para frenarla. Ignacio Martínez considera que antes de tomar cualquier decisión sobre incinerar o no es preceptivo elaborar un plan de residuos, algo que no hizo el anterior Gobierno del Principado, pero que ha anunciado el actual. Martínez también cuestiona que Cogersa haya decidido la ubicación de una incineradora sin elaborar antes un estudio de impacto ambiental.
