Finalizada la Semana Grande se acabó también la tregua que había concedido el Ayuntamiento a la aplicación de la ordenanza anti «botellón». La Policía Local de la ciudad podría empezar a multar a finales del mes de agosto a quienes incumplan la normativa recientemente aprobada y que sanciona con hasta 750 euros a quienes consumen alcohol en las zonas no permitidas de la vía pública. Por el momento aún no hay fecha definitiva para la vuelta a la aplicación de la ordenanza, de la que aún no se ha vuelto a hablar en las reuniones de coordinación que todos los viernes mantienen los responsables de los cuerpos de seguridad de Gijón.

Los vecinos afectados por el «botellón», por su parte, exigen que se aplique la norma de forma inmediata. La Semana Grande, aseguran, ha supuesto la gota que ha colmado el vaso de su paciencia. «Los vecinos estamos más que hartos, hay un gran problema de convivencia y nadie nos hace caso», criticaban hace días los representantes de quienes viven en Cimadevilla, unos vecinos a los que el propio gobierno local prometió en su día la instalación de controles policiales a la entrada del Barrio Alto para evitar que accediesen a esta zona jóvenes con bebidas listas para hacer «botellón».

Lo cierto es que de no ponerse en marcha de forma inmediata las prohibiciones que incluye la normativa municipal de convivencia esta sería la tercera vez que los vecinos verían incumplidas sus expectativas. En un primer momento los responsables de la Policía Local aseguraron que la ordenanza iba a empezar a aplicarse a principios del mes de junio aunque sólo de manera «informativa» -sin imponer sanciones a los incumplidores-, y haciendo la «vista gorda», eso sí, durante las celebraciones de la hoguera de San Juan. A finales de mes llegó el primer fin de semana con sanciones. Ocho jóvenes fueron multados entonces por beber en la calle. Poco después, durante la celebración de las fiestas de la Semana Grande, se paralizaría de nuevo la ordenanza. El gobierno local aseguró antes de comenzar los festejos más importantes del verano que se iba a establecer una nueva moratoria para que todos pudieran disfrutar de las celebraciones.

La ordenanza de convivencia cívica no sólo centra sus objetivos en frenar el «botellón». En el texto se prohiben y sancionan económicamente otras conductas que, a juicio del gobierno local, perturban la paz de los vecinos como, por ejemplo, contratar servicios de prostitución en la vía pública. Pero aún hay más. Los colectivos antitaurinos, por ejemplo, quisieron hacer suya durante la celebración de los festejos de Nuestra Señora de Begoña la parte de esta regulación en la que se sanciona el maltrato animal. Algunas organizaciones han anunciado ya su intención de llevar al Ayuntamiento ante los tribunales basándose en que con las corridas de toros el propio gobierno local incumple los artículos de la ordenanza local en los que sancionan que se maltrate a los animales.