M. PALICIO / P. TUÑÓN

El Gobierno regional confía en que el Ejecutivo central reaccione tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que anula la autorización previa con la que se construyó la regasificadora de Enagás en El Musel y le emplaza a ejercer la tarea de respuesta jurídica. El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Martínez, fijó ayer la postura del gabinete mostrándose "convencido y confiado en que la administración que la ha impulsado no va a permitir la destrucción de una inversión de 380 millones de euros", que define como una infraestructura "estratégica e irrenunciable".

Martínez lanza la pelota al tejado del Estado persuadido de que, "a la espera de un análisis más detallado de la sentencia", compete a la administración central, como instancia que otorgó a través de la Dirección General de Política Energética y Minas la autorización a la regasificadora anulada ahora por los jueces, la acción legal de recurso de casación frente a la resolución judicial. "Confiamos en que el gobierno de España tomará todas las medidas necesarias", perserveró Martínez, dado que "nadie entendería otro tipo de decisión".

El portavoz del gobierno autonómico recordó la inclusión de la regasificadora en "la planificación estratégica 2008-2016" . El Principado, afirmó Martínez, ha manifestado ante el Ejecutivo estatal "toda la exigencia para la puesta en marcha" de esta infraestructura, ya terminada pero sin uso y sin conexión a la red gasística nacional. La licencia previa a la construcción de la regasificadora, declarada nula al estimar los jueces el recurso interpuesto por Equo-Los Verdes, fue concedida en 2008, en época del Ejecutivo socialista de Rodríguez Zapatero, que impulsó el proyecto de la mano del gobierno regional socialista de Álvarez Areces.

Desde el PP asturiano no han querido posicionarse sobre un posible recurso de sus compañeros de partido del Ministerio de Industria. Ángeles Fernández-Ahuja, líder del PP gijonés y diputada nacional, llamó a la "cautela para determinar qué medidas se pueden o no tomar". Para el PP, "el PSOE tiene una altísima responsabilidad en este asunto porque diseñó otro de sus proyectos mastodónticos y parece que se desatendió la normativa". De hecho, Ahuja cree que "habrá que plantearse si hay también responsabilidades políticas".

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Rosa Aza, no quiso ayer entrar a valorar si la sentencia afectará al proyecto que tenía El Musel, junto con Enagás, de dar utilidad a la planta, mientras no entrase en funcionamiento, como punto de trasvase de gas licuado para combustible de barcos. Sin embargo, sí manifestó que "lo único que esperamos es que se pueda solucionar todo porque creemos que la planta servirá de fuente de trabajo en Asturias". Además, la presidenta de El Musel confía en una solución al varapalo judicial "puesto que se empezó la construcción con la autorización del órgano competente, el Ministerio de Industria".

En el Ayuntamiento de Gijón todas las fuerzas, a excepción del PP, manifiestan con firmeza la necesidad de que se luche por la actividad de la regasificadora. Desde el gobierno local, de Foro Asturias, creen que la sentencia "es un golpe durísimo para Gijón y Asturias, y la muestra más palpable de la incapacidad del gobierno socialista". Fernando Couto, edil de Desarrollo Económico, recordó ayer que la planta gasística "era el proyecto estrella de Javier Fernández cuando estaba al frente de la consejería de Industria en el gobierno de Areces". Couto cargó contra ambos: "Fue un proyecto tutelado por los dos sin cumplir, una vez más, los requisitos legales".

Sí coinciden desde Foro con el PSOE en que "el sector industrial asturiano necesita este equipamiento". Santiago Martínez Argüelles, líder socialista en Gijón, manifestó por su parte que la sentencia le "llama la atención" dado que "no se puede explicar cómo es posible que se pueda cuestionar ahora algo tan anterior a la construcción" de la regasificadora. En cualquier caso, llama a "la unidad de todas las instituciones para que actúen jurídicamente para garantizar la continuidad de una instalación fundamental para Gijón y Asturias" y lamenta que "en este momento puede haber actuaciones de inversores que se vean afectadas por la incertidumbre jurídica sobre la regasificadora".

El portavoz del grupo municipal de Izquierda Unida, Jorge Espina, aunque critica "la chapuza" de tramitación de la regasificadora que hizo el gobierno socialista, coincide en que la sentencia "es una mala noticia para el futuro industrial de Gijón". De hecho, apoyan la puesta en marcha de la planta y reconoce que "fue un punto de discrepancia" con Los Verdes, ahora integrados en Equo y quienes interpusieron el recurso contra la autorización previa a la regasificadora.