Ilícita, escandalosa e injustificada fueron algunos de los calificativos utilizados ayer por los representantes de la oposición municipal -PSOE, PP e IU- para definir la decisión de la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, de autorizar un gasto de 10.890 euros, que permita al actual jefe del servicio jurídico municipal, Abelardo Rodríguez, contar con la asistencia jurídica de un reputado despacho de abogados de Oviedo en la interposición de una querella criminal contra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Santiago Martínez Argüelles, por presuntos delitos de calumnias e injurias graves.

Ni Abelardo Rodríguez ni Santiago Martínez Argüelles asistieron ayer en los juzgados al obligado acto previo de conciliación. No hubo avenencia entre las partes así que el siguiente paso será la interposición de la querella. El funcionario acusa al político de atacarle de manera personal y reiterada poniendo en duda ante la opinión pública su imparcialidad como técnico y el rigor y profesional de sus informes. Planteamiento que niega la defensa de Argüelles, al que se le exigió en este acto de concilización una indemnización de 20.000 euros.

La oposición municipal centra su crítica en la decisión de Moriyón de sufragar ese coste. Presume la oposición que esta decisión abre una compleja vía ante peticiones de otros trabajadores y recuerdan que no se trata de defender a un funcionario de una demanda contra él sino de apoyarlo en una querella que él interponen. Sólo Alejandro Roces, edil de Hacienda defendió el planteamiento de Moriyón, "Ni es la primera vez que se hace, ni será la última. Es un derecho que le confiere la ley a los empleados públcios y se atentó contro su honor con acusaciones de acciones cuasidelictivas".

"Esta es una decisión personal de la Alcaldesa contraria a la buena fe, a la correcta interpretación de la ley ya los intereses de Gijón y sus ciudadanos. Este es un caso evidente de mala utilización de los dineros de los gijoneses en guerras partidistas de Foro", sentenció Begoña Fernández en represenación del PSOE. Para Manuel Pecharromán, portavoz del Grupo Popular, "es jurídicamenate dudoso que tenga que abonar el Ayuntamiento el dinero de la asistencia jurídica privada y, desde luego, claramente injustificada y desproporcionada la minuta". Tanto PSOE como PP coincidían ayer en denunciar que la factura del contratado bufete Ramón hermosilla & Gutiérrez de la Roza "duplica y casi triplica" los honorarios aconsejados por los colegios profesionales de abogados. IU, por boca de Jorge Espina, considera la decisión de Moriyón "un escándalo, están forzando demasiado la máquina".