La Autoridad Portuaria de Gijón hizo modificaciones en el proyecto de la obra de ampliación cinco días antes de que venciera el plazo dado a las constructoras para que presentaran ofertas. Esto es, el proyecto que se licitó y para el que el Puerto pidió ofertas tenía modificaciones respecto al que adjudicó. Así se desprende de la ampliación del informe pericial encargado por la Audiencia Nacional a dos interventoras de la IGAE sobre el expediente de contratación de la obra.
El informe ampliatorio entregado en el juzgado el pasado enero señala que la UTE Dique Torres, la adjudicataria, debería de haber sido excluida; que su oferta era irrealizable por no incluir morros de invernada, que la valoración de las ofertas favoreció a esta UTE liderada por Dragados frente a la encabezada por Ferrovial y que el expediente de la obra que la Autoridad Portuaria remitió el año pasado al juzgado está incompleto, contiene incoherencias y pone en duda que el proyecto de la obra enviado sea el mismo que el que se licitó. Las interventoras entregaron un segundo informe en enero sobre los materiales usados en la obra y su coste, en el que señalan que esas preguntas las deben responder "expertos con el adecuado perfil técnico".
Una de las supuestas irregularidades reseñadas en el informe ampliatorio (de otro elaborado en junio de 2015), son los cambios en varios de los documentos del proyecto en plena fase de recepción de ofertas de los licitadores.
La consultora Sener, que realizó el proyecto, envió el 24 de junio de 2004 dos copias del mismo a la Autoridad Portuaria de Gijón. El proyecto fue aprobado por el Consejo de Administración del Puerto el 15 de julio y la licitación de la obra apareció publicada en el BOE del 22 de julio.
El 6 de septiembre, con la licitación ya en marcha, Sener envía al Puerto nuevamente los tomos del proyecto con modificaciones en determinados anexos. La consultora acompaña el envío al Puerto con la siguiente nota: "De acuerdo con tus indicaciones, adjunto copia montada de los tomos completos que han sufrido alguna modificación: Tomo I. Tomo XI. Tomo XII Planos". El informe de las interventoras de la IGAE agrega que la documentación remitida por la Autoridad Portuaria al juzgado incluye sobre ese escrito de Sener "una nota manuscrita después de una llave que abarca los tomos en la que se dice 'Se cambiaron en el proyecto que estaba mal el 30-09-2004' ", esto es, a pocos días de que concluyera el plazo para que las constructoras presentaran ofertas, el 5 de octubre.
El informe pericial elaborado por las dos interventoras de la IGAE pone en relación ese hecho con el intercambio de correos electrónicos entre una consultora que colaboraba con la UTE liderada por Ferrovial y el entonces Jefe del Departamento de Infraestructuras del Puerto: "Entre la documentación consta copia de un email de 01 de septiembre de 2004 de Iberinsa dirigido a don Miguel Villalobos (Autoridad Portuaria de Gijón) solicitando determinados datos que 'no se han facilitado'. En contestación a su solicitud, en el email de 2.09.2004 se indica: 'En relación con tu petición de documentación para realizar estudios para la oferta de Necso, te comunico que dicha empresa dispone de los anejos desde el día 20 de agosto' ".
Ante esos cambios en el proyecto en plena fase de recepción de ofertas y la contestación del directivo portuario a una de las empresas, el informe pericial elaborado por las interventoras de la IGAE apunta que "con la documentación aportada no es posible verificar la versión del proyecto entregado a los contratistas licitadores ni el alcance de las modificaciones en el proyecto; en todo caso es de señalar que la fecha límite de presentación de ofertas era el 5 de octubre de 2004", esto es, cinco días después de que el Puerto cambiara el contenido de varios anexos del proyecto en licitación.
El informe también apunta otras supuestas irregularidades como el hecho de que aparezca la firma de la gerente de la UTE adjudicataria en los pliegos técnicos elaborados en mayo de 2004, dos meses antes de la licitación de la obra. Aparte de la incongruencia de las fechas, las interventoras señalan que los pliegos técnicos, al ser un documento de licitación, no podrían estar firmados por la adjudicataria. En cambio, la firma de la primera gerente de Dique Torres, Ana Dizy, aparece junto a la del autor del proyecto, Lorenzo Quevedo Negrete, el jefe de la división de proyectos y obras de El Musel, José Moyano Retamero y Miguel Villalobos.
Los estudios para poder hacer la obra, que debió asumir la UTE, los pagó el Puerto
El informe pericial ampliatorio elaborado por las interventoras de la IGAE también analiza la tramitación del modificado con el que se incrementó el presupuesto en 250 millones de euros y la ejecución del proyecto modificado.
Entre las cuestiones que apunta está que el Consejo de Administración decidió en diciembre de 2007 continuar con la obra pese a que la Inspección General de Fomento había emitido un informe un mes antes instando a parar los trabajos, al constatar que la dirección del Puerto había acordado con la UTE, desde abril de 2006 varias modificaciones al alza de los precios de las unidades de obra. Otro asunto que llama la atención a las interventoras es que los pliegos técnicos del proyecto modificado aparecen firmados por la asistencia técnica a la dirección de obra.
El informe pericial recuerda que el contrato del modificado "fue formalizado con fecha 1 de febrero de 2010. Ya estaba tramitándose un posible segundo modificado que no fue aprobado".
En lo que se detienen especialmente es, no obstante, en dos aspectos relativos a la ejecución del proyecto modificado: Que fue la Autoridad Portuaria y no la UTE Dique Torres quien pagó estudios y ensayos sobre el proyecto modificado, ambos contratados por el Puerto con la Universidad de Granada.
En concreto, se refiere a los ensayos en 3D sobre el comportamiento de los tramos del nuevo dique de abrigo y, por otro lado, a los estudios realizados para el fondeo en grandes profundidades de los grandes cajones de hormigón que se utilizaron para construir el Dique Norte.
Entre otras cuestiones, las interventoras de la IGAE señalan en su informe pericial que "la documentación aportada no permite verificar" que las facturas emitidas por la constructora se corresponden con las mediciones en los ensayos que figuran en los informes mensuales de la asistencia técnica a la dirección de obra y con las mediciones en el proceso de cajones que figuran en esos mismos informes mensuales.
Los informes de las interventoras de la IGAE se han sumado a otros documentos incluidos en el sumario del "caso Musel", como las 61 actas del comité de gerencia de la UTE Dique Torres, en las que se aprecia que la adjudicataria comenzó a rehacer el proyecto de ampliación de El Musel antes de iniciar las obras. Esas actas, a juicio del fiscal, ponen de manifiesto que la propuesta técnica que presentó la UTE para ejecutar la ampliación carecía de consistencia y que la UTE ya contaba con un modificado del proyecto, incrementando su presupuesto, antes de iniciar la obra.
Una de las actas internas de Dique Torres, de febrero de 2005, un mes después de la adjudicación del contrato, indica: "Planificar solución oferta como si pudiese hacerse" al tiempo de ir elaborando un "estudio económico" para el modificado.
