11 de febrero de 2018
11.02.2018

Una sentencia abre la puerta a devolver el IBI a los núcleos rurales

El PP anima a los vecinos a reclamar si el gobierno local no actúa de oficio tras una reciente decisión del Tribunal Supremo

11.02.2018 | 04:07
En primer término, parcelas de un núcleo rural en San Martín de Huerces.

El grupo municipal del PP va a reclamar al gobierno local que revise de oficio el IBI que carga a las parcelas ubicadas en los núcleos rurales del concejo, a raíz de una sentencia del Tribunal Supremo que rechaza que se equipare automáticamente el suelo de los núcleos rurales en Asturias a suelo urbanizado. La sentencia se refiere a una parcela expropiada por la Zalia, pero hace una referencia a todos los núcleos rurales en Asturias, al considerar que muchos de ellos no cuentan con los servicios e infraestructuras requeridos para que sean considerados suelo urbano o asimilado.

El concejal del PP Pablo González señala que esa sentencia del Supremo tendrá efectos sobre el IBI y sobre el impuesto de la plusvalía. Tras la reforma efectuada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2006, los núcleos rurales pasaron a ser considerados suelo urbano, pagando plusvalía y viendo incrementada su tributación por el IBI. Ahora el Supremo considera que la calificación del tipo de suelo de cada núcleo rural en Asturias debe atenerse a la realidad del mismo.

Los populares reclaman que sea el Ayuntamiento quien de oficio revise la situación real de las 7.152 parcelas incluidas en los 156 núcleos rurales de Gijón, por la que sus propietarios tributaron el año pasado en conjunto 2,65 millones de euros de IBI. Según el edil, salvo los núcleos rurales de Somió, los del resto de la zona rural de Gijón difícilmente reúnen las condiciones para que sean considerados suelo urbano. Una vez que el Ayuntamiento constate cuáles tiene más características de suelo rural que de urbano, el PP plantea que lo comunique al catastro, para reducir su valoración catastral.

Según las estimaciones del PP, el Ayuntamiento tendría que reintegrar a los vecinos de la zona rural en conjunto al menos 4 millones de euros por el exceso de IBI cobrado indebidamente durante los últimos cuatro años (periodo en el que es posible solicitar la devolución) al considerar como urbano un suelo que es rural.

En el probable caso de que el gobierno local desatienda la petición que formula el PP, Pablo González anima a los vecinos afectados a que encarguen un informe pericial sobre la situación real de sus fincas y con el mismo reclamen al Ayuntamiento la devolución de la diferencia del IBI cobrado los últimos cuatro años respecto a que tendrían que haber pagado por un suelo rural.

Además de la repercusión económica que para el Ayuntamiento de Gijón podría tener la sentencia del Tribunal Supremo, en cuanto al pago del IBI, el grupo municipal del PP apunta que los afectados también tienen que tener en cuenta que la venta de parcelas que sean consideradas como suelo rural no tributan en el impuesto de la plusvalía, mientras que las calificadas como suelo urbano sí.

Los populares apuntan que si el Ayuntamiento no atiende la reclamación inicial que le formulen los afectados, los mismos pueden recurrir ante el Tribunal Económico Administrativo de Gijón.

El PP solicitará en la próxima Comisión de Hacienda municipal que el interventor y el secretario municipal (o la asesoría jurídica) emitan sendos informes sobre las consecuencias de la sentencia.

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