Una actuación multimillonaria que garantizaría la permanencia en Gijón del gigante de la siderurgia Arcelor-Mittal, como es la reforma de las viejas baterías de coque de la factoría de Veriña, ha abierto una agria polémica a nivel local, con el problema de la contaminación industrial como detonante, sobre la que conviene llevar a cabo una serena reflexión.
Arcelor-Mittal, con una plantilla propia en Gijón de 2.667 trabajadores, a los que habría que añadir otros 800 de empresas auxiliares, invertirá 134 millones en la reconstrucción de las baterías de Veriña, paradas desde 2013. Con esta actuación se volverán a alimentar a partir de 2019 en la factoría gijonesa a los dos hornos altos para la producción de acero. Esta iniciativa de la multinacional es vital para garantizar el futuro de la siderurgia integral en Asturias durante los próximos cuarenta años.
En los últimos meses se han recrudecido las denuncias de vecinos de la zona y colectivos sociales a causa de las emisiones contaminantes que proceden de la acería, las cuales han encendido el debate sobre la conveniencia de reabrir las baterías.
La discusión abierta a nivel local refleja la tensión lógica entre quienes aceptarían la reforma de la instalación que propone Arcelor -lo que supone una inversión sensiblemente inferior a los 400 millones que costaría construir unas baterías nuevas-, como la Federación Vecinal y la mayoría de los grupos políticos municipales, salvo Xixón Sí Puede, y quienes, como los vecinos de la zona oeste de la ciudad y la Plataforma Contra la Contaminación en Gijón, exigen unas nuevas baterías para evitar los efectos contaminantes que supondría la apertura, reformadas, de las que llevan varios años sin arrancarse.
En este caso se trata de llegar a un punto de encuentro que permita conciliar los intereses de la multinacional del acero con la garantía de la salud de los vecinos de la zona oeste de la ciudad, los grandes perjudicados por la actividad siderúrgica y la contaminación que genera la planta de Veriña.
En este caso, la Administración autonómica y el Ayuntamiento de Gijón no pueden hacer oídos sordos ni mirar hacia otro lado. Las autoridades regionales y locales están obligadas a velar por que se cumpla la normativa medioambiental; de igual forma que la actividad fabril tiene que garantizar, por su parte, la reducción de las emisiones contaminantes.
Los afectados, por último, además de defender legítimamente su bienestar y reclamar un hábitat saludable, no deben perder de vista la relevancia que para la vida económica de la ciudad y para el empleo tiene la necesaria permanencia en Veriña de la factoría de Mittal, donde la multinacional prepara nuevas inversiones para absorber producción de su planta en Zumárraga, hasta la 60.000 toneladas de productos siderúrgicos largos. Lo cual de alguna forma garantiza la pervivencia de una actividad industrial de primera magnitud en Gijón.
