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Una tesis doctoral concluye que los daños al ganado aumentan con los controles del lobo

El estudio científico, elaborado por un biólogo, ha sido admitido como prueba en el juicio sobre la eliminación de cánidos en el parque nacional

Una tesis doctoral es uno de los ejes sobre los que gira el futuro de los lobos en el parque nacional de los Picos de Europa. El trabajo científico ha sido elaborado por el biólogo Alberto Fernández Gil, quien, tras analizar detalladamente la situación del lobo en el noroeste de España ha llegado a una conclusión sorprendente: en aquellos lugares en los que se han realizado controles de población se registraron más daños en la ganadería. "Más lobos muertos en controles supusieron más daños", señala el biólogo en la tesis, a la que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Fernández Gil concluye asimismo que la gestión de esta especie por parte de la Administración no se basa en criterios objetivos, pues depende, por ejemplo, del número de noticias aparecidas sobre daños en los medios de comunicación: "las noticias tuvieron un fuerte efecto en el número de lobos muertos en controles", indica.

Los ecologistas han puesto sus esperanzas en la tesis de Alberto Fernández Gil, titulada "Comportamiento y conservación de grandes carnívoros en ambientes humanizados. Osos y lobos en la cordillera Cantábrica". ¿Por qué? Porque el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) la ha admitido como prueba en el juicio sobre los controles del lobo en el parque nacional de los Picos de Europa.

Empecemos por el principio: varios grupos ecologistas españoles presentaron el año pasado tres recursos contra otros tantos acuerdos de los dirigentes del parque nacional para eliminar lobos dentro del espacio protegido. Los tres recursos han sido rechazados por los jueces, pero los ecologistas han elevado uno de ellos al TSJA. Mientras se resuelve este conflicto judicial los controles de lobo están suspendidos en la zona asturiana del parque nacional, pero otro revés para los ecologistas implicaría nuevas actuaciones contra esta especie.

¿Qué tiene de particular la tesis de Alberto Fernández Gil? Entre otros aspectos, que del estudio pormenorizado de los ejemplares de lobo abatidos a tiros en los últimos años, los daños asumidos y abonados por la Administración, la observación directa de los animales y los informes y estudios oficiales sobre la población de la especie (que el autor cuestiona severamente) ha concluido que cuantos más lobos sean eliminados de los grupos familiares, más daños se producen en las cabañas ganaderas. Las conclusiones de la tesis doctoral coinciden con las defendidas desde hace años por los ecologistas: buena parte de los daños en la ganadería se deben a ejemplares aislados o a grupos que han perdido a uno o a los dos integrantes de la pareja dominante. Lo que significa que reducir el número de ejemplares de un grupo familiar eleva el riesgo de que sus integrantes ataquen al ganado.

Fernández Gil cuestiona las estimaciones sobre las poblaciones de lobos. En su opinión, no existen ni siquiera estimaciones "rigurosas" del tamaño medio de los grupos de lobos, lo que unido a "diversas dificultades metodológicas" impiden conocer a ciencia cierta el número de ejemplares existente. Pero es que, según el biólogo, tampoco hay estimaciones sobre las tasas de mortalidad de la especie, por lo que la Administración organiza los controles de población en función de aspectos "muy subjetivos", como la conflictividad social, y no por el volumen de los daños, ni por la población real de la especie.

Una de las conclusiones de la tesis es que el número de lobos muertos en controles tiene "mucha relación con el número de noticias y muy poca con el nivel de daños". Claro que existen informes que contradicen este argumento. De hecho, estudios que maneja la Administración indican que los daños al ganado aumentan cuando no hay controles. Así, según los datos oficiales del Parque, del 1 de enero al 16 de junio de este año se registraron 60 reses muertas en los Picos, mientras que en el mismo período de 2012 habían sido 36. Los jueces tendrán que analizar estos trabajos cuyas conclusiones se contradicen entre sí y decidir a cuál o a cuáles conceden más credibilidad.

Más información, en página 19

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