El TSJA anula la protección a la fábrica de loza por falta de informes favorables

Dos años y medio después del cierre definitivo de la fábrica de loza de San Claudio y de la declaración de BIC (bien de interés cultural) en la categoría de «Conjunto histórico» del recinto fabril, la Sala de los Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) acaba de anular esta protección por la falta de informes favorables y bien motivados.

La administración concursal de la fábrica de loza de San Claudio, formada por el letrado Domingo Villaamil, la profesora mercantil Ana Mansilla y la economista María Blanco, fue quien pleiteó contra la protección aprobada por el Principado. Entendían que el BIC, «aparte de no beneficiar a nadie, hacía muy dificultosa la venta de la fábrica», explicó ayer Villaamil.

La administración concursal entendía, y así lo ha admitido el TSJA, que la protección no estaba bien motivada. Efectivamente, en la sentencia se explica que para declarar un BIC hace falta, según el artículo 16.3 de la ley de Patrimonio del Principado, «informe favorable y motivado» de «al menos dos instituciones consultivas» de entre un listado que incluye reales academias o universidades. En el caso de San Claudio, hay un primer informe de la Real Academia de la Historia, con abundancia de detalles, y un segundo documento de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando «que carece de motivación alguna, ni específica ni genérica» y que se limita a señalar la conformidad de la institución con lo acordado por la Comisión de Patrimonio.

El hecho de no estar motivado el segundo informe y al existir también, detalla la sentencia, «informe desfavorable de la Universidad», el TSJA concluye que no se cumple la normativa, se estima el recurso y que, por tanto, se anula la resolución por la que se había aprobado la declaración de BIC para San Claudio.

Aunque la sentencia no aprecia la desviación de poder que argumentaba la administración concursal, el Ayuntamiento de Oviedo, que apoyó en su día la declaración de BIC, reconoce que, efectivamente, esta protección perseguía, en realidad, otros objetivos. «Se pensó que la declaración de BIC contribuía a salvar la empresa y no sólo no ha servido para nada sino que hoy son un montón de escombros abandonados», se lamentaba ayer el concejal de Urbanismo, Alberto Mortera. El Ayuntamiento, explicó, «no va a recurrir la sentencia porque es una buena decisión».

Mortera detalló que se salvará, con protección municipal, el viejo horno, pero que la resolución del TSJA va «en la dirección adecuada» porque «ahora será mucho más fácil y atractivo pensar que se pueden recuperar esas naves industriales, y eso es sencillamente bueno».

Mortera enlazó la situación de la fábrica de loza de San Claudio con la petición, por parte de Izquierda Unida, de proteger 150 elementos de la Guerra Civil en Oviedo. Para el concejal, estas peticiones suenan «muy poéticas», pero son «tan poco realistas como decretar la felicidad esta misma tarde». «Estas medidas pueden ser completamente inútiles o incluso tan dificultosas que sus defectos sean superiores a sus bondades», argumenta el concejal. «Y lo dice el TSJA, que para proteger hay que fundamentar, detallar». Eso supone, sigue Mortera, en el caso de las casamatas y trincheras, un análisis pieza a pieza que implicaría «un trabajo ímprobo y un desembolso gigantesco de dinero, aunque igual IU plantea que subamos un 50 por ciento la "viñeta" para hacer esto».

Mortera concluyó que el debate de fondo no es «si conviene proteger o no una trinchera», sino «si desembocamos en un montón de escombros y si, por otro lado, lo queremos ante nuestra casa, o en la casa del vecino, porque nadie quiere ruinas en el parque donde va a leer el periódico».

Demolido desde el punto de vista jurídico el BIC de San Claudio y entre escombros buena parte del conjunto, ahora Mortera pide a los vecinos que no se entristezcan y piensen en el «gran aprovechamiento» del suelo que se podrá conseguir sin los problemas que suponía la protección. Desde el Principado, fuentes de Cultura aplazaron cualquier valoración a un análisis en detalle de la sentencia. El consejero Emilio Marcos Vallaure se había mostrado hace menos de un mes «crítico» con el BIC y había asegurado que salvo algunos elementos concretos no consideraba «de mayor interés» los restos del conjunto fabril.