El PP de Oviedo recurrirá a la vía judicial para impedir la adjudicación de los nuevos chiringuitos, destinados, denuncian, a colectivos afines al tripartito. La concejala Belén Fernández Acevedo anunció ayer que los populares acudirán a la vía contenciosa para solicitar la suspensión cautelar del proceso de adjudicación de los cuatro espacios que se repartirán entre la Corrada del Obispo y El Campillín. El motivo es que la principal fuerza de la oposición duda de la legalidad de la decisión del tripartito de limitar la concurrencia a asociaciones sin ánimo de lucro, excluyendo al sector hostelero.

Fernández Acevedo critica que si bien los pliegos cuentan con informes favorables de las diferentes áreas municipales como vías, parques y jardines o salud pública, echan en falta algún documento que respalde jurídicamente que se impida a los empresarios de la hostelería local optar a regentar los nuevos chiringuitos, un motivo que considera más que suficiente para sospechar que el procedimiento "no se ajusta a la legalidad".

De todos modos, las sospechas de los populares van más allá. Creen que la razón por la cual la aprobación de las bases de adjudicación se alargó más de lo normal era buscar la reducción del plazo de solicitud que finalmente será de ocho días. El objetivo, según el PP, no es otro que el tripartito busca "garantizar que no se puedan presentar entidades que pongan en riesgo la recaudación de sus asociaciones y de sus activistas". Además, sostienen que "no hay ninguna razón por la que la adjudicación se haga por la vía de urgencia", pues señalan que la licitación de los cuatro nuevos chiringuitos "ya se conocía en septiembre de 2016 y desde finales de ese año sabían que no podría hacerlo la SOF".

La concejala popular asegura que Oviedo está "ante una gestión catastrófica e ilegal" de las fiestas y por ello da por hecho que acudirá a la vía judicial, aunque acusa al gobierno de negarles el acceso al expediente del proceso. "Lo pedimos el miércoles de la semana pasada y superado el plazo legal de cinco días seguimos sin autorización", denuncia la edil, que acusa al Alcalde, el socialista Wenceslao López, de sufrir "el síndrome de Estocolmo de la radicalidad" por culpar de los retrasos en la tramitación de las bases al PP. "En mi etapa como presidenta no había ningún informe que impidiera a la SOF organizar las fiestas", remata.