Oviedo, Eduardo GARCÍA
El modelo de reparto de competencias educativas entre la Consejería de Administraciones Públicas y la de Educación «no funciona adecuadamente» y las dificultades de regulación de la carrera retributiva de los profesores asturianos «serían menores si las competencias sobre todas las materias educativas estuvieran residenciadas en la Consejería de Educación y no tuviesen que efectuar caminos de ida y vuelta» con la Consejería que preside Ana Rosa Migoya.
Así de rotundo fue ayer el sindicato FETE-UGT, uno de los dos que ayudaron al Gobierno asturiano a sacar adelante la ley de Evaluación Docente del Principado. Todas las fuerzas sindicales, sin excepción, criticaron con dureza la «inoperancia» de la Administración del Principado tras conocerse, tal y como publicó ayer LA NUEVA ESPAÑA, que el Consejo Consultivo rechazó el proyecto de reglamento para la evaluación docente -que abriría la puerta al cobro de pluses a más de 8.000 profesores-, entre otras cosas por no haber pasado con anterioridad por el Consejo Escolar.
El informe tiene fecha de 30 de septiembre, pero la Administración parece haberse puesto en marcha sólo tras su publicación en los medios de comunicación. La permanente del Consejo Escolar ha sido convocada de urgencia para esta misma tarde, al objeto de consensuar un informe que será el que sea llevado al Pleno de este organismo consultivo, que se celebrará probablemente en la próxima semana.
El nuevo parón en el reglamento que sistematizará el pago de los pluses a los docentes asturianos de la red pública que superen la evaluación llenó de indignación a los sindicatos del sector y, en especial, a los dos «socios» de la Administración en este asunto: ANPE y UGT, cuyo secretario general, Daniel Rodríguez, no dudó en afirmar que «cuando Administraciones Públicas quiere hacer de Consejería de Educación la eficacia es imposible». El modelo propiciado por el departamento de Migoya y que en más de una ocasión sacó de quicio al ex consejero de Educación Iglesias Riopedre se queda sin apoyos.
La ley de Evaluación Docente fue aprobada en diciembre del pasado año. Diez meses más tarde no tiene ni reglamento. Desde UGT se recuerda que «se malgastaron meses mareando la perdiz entre Administraciones Públicas y Educación, de despacho en despacho». El modelo de responsabilidad educativa bicéfala es único en España y sus resultados puede que no animen precisamente a ser reproducido en otras comunidades. «Esto tiene que cambiar ya», pidió Daniel Rodríguez.
ANPE acusa a la Administración de «inoperancia» y anuncia que «los retrasos son de su responsabilidad, así que recurriremos por vía administrativa y, si es necesario, en el Juzgado, para que los docentes que cumplen los requisitos para el cobro de los pluses no se vean perjudicados», según el presidente de este sindicato, Gumersindo Rodríguez.
Educación anunció a última hora de la tarde de ayer que ya había convocado el pleno del Consejo. «La Consejería de Educación y Ciencia impulsará todas las acciones necesarias para subsanar el defecto procedimental detectado por el Consejo Consultivo y continuar así con la tramitación del decreto de la manera más ágil posible», señalaba la escueta nota oficial. Educación cree que «tan sólo estamos ante un defecto de procedimiento porque el Consultivo no ha entrado en el fondo de la cuestión».
Los sindicatos docentes exigieron al consejero Herminio Sastre que explique por qué no mencionó el informe desfavorable del Consejo Consultivo cuando el pasado día 19 compareció ante la Comisión de Educación de la Junta General del Principado: o se lo calló o no se había enterado.
Nadie duda que el Consejo Escolar dará el visto bueno al reglamento, que pasaría de nuevo al Consejo Consultivo. Pero el retraso será evidente porque hay que recordar que el proyecto llegó al Consultivo el 13 de julio y que el dictamen tuvo lugar el 30 de septiembre.
«Si Administraciones Públicas hace de Educación, no es posible la eficacia»
<Daniel Rodríguez >
FETE-UGT
«Los errores son deliberados; cuanto peor, mejor para hacer caja»
<Enrique Fernández >
CC OO
«La dilación del proceso es culpa de la inoperancia de la Administración»
<Gumersindo Rodríguez >
ANPE
