Oviedo,

Marián MARTÍNEZ

El Consejo de Gobierno aprobará esta mañana el decreto ley por el que, a partir del 1 de enero de 2008, entrará en vigor la prórroga presupuestaria. Es decir, las cuentas regionales para el próximo ejercicio se elevarán a 3.898 millones, a los que se sumarán posteriormente otras partidas que deberán ser aprobadas en la Junta General del Principado. Es la consecuencia de que el PP e IU se uniesen para rechazar con sus votos el proyecto de presupuestos elaborado por el Gobierno regional, que elevaba las cuentas para el próximo año hasta los 4.170 millones de euros.

El presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ya anunció que en enero presentará a la Junta General una solicitud de crédito extraordinario para financiar la parte del futuro acuerdo de concertación regional que no esté asegurada con la prórroga presupuestaria. Es decir, todo lo relativo a nuevas inversiones. Previsiblemente, se incluirá también una partida destinada a financiar el denominado «cheque bebé», para el pago de 500 euros directos por cada nacimiento o adopción. El Gobierno regional quiere empezar a abonar este plus en el primer trimestre de 2008, con carácter retroactivo a 1 de julio de 2007.

Fuentes del Ejecutivo regional insistieron ayer en que la prórroga no significa que no haya presupuestos. «En vez de 4.170 millones de euros, se quedarán en los 3.898 millones de 2007. Eso significa que está garantizado el mismo dinero para hacer frente a los salarios, servicios y proyectos que ya figuraban en las cuentas anuales del año que ahora termina».

Juego parlamentario

Pero, además, el Gobierno prevé que aumenten los ingresos de las arcas regionales, lo que dará margen para acometer nuevos proyectos, siempre que cuente con el apoyo de la Junta General.

Las dos fuerzas de la oposición se comprometieron en el debate presupuestario a aprobar todos los proyectos de infraestructuras o de carácter social que se presentaran en la Cámara. Un arma de doble filo, según admitieron en círculos reducidos algunos diputados del PP e IU. Por un lado, se fuerza al Gobierno a que todo lo que no figure en el presupuesto prorrogado tenga que exponerlo en la Junta y a buscar acuerdos en la oposición.

Por contra, y según las mismas fuentes, el Gobierno es el único con potestad para presentar al Parlamento solicitudes de créditos extraordinarios con un destino determinado. La oposición podrá decir que no, «pero será difícil negarse a financiar proyectos que figuren, por ejemplo, en la concertación».