25 de noviembre de 2010
25.11.2010

El Principado cambia la ley, para elegir «a dedo» a todos sus mandos y eludir el control judicial

La reforma permite a la Administración regional esquivar sentencias que juzgan excesivo el recurso a la libre designación

25.11.2010 | 01:00

Oviedo, J. A. ARDURA

El Gobierno regional quiere aprovechar la reforma de la ley de Función Pública para poder designar «a dedo» a la totalidad de los cargos de media dirección de la Administración regional. El cambio en esta ley permitirá al Ejecutivo asturiano esquivar el cumplimiento de varias sentencias que perdió porque los tribunales consideraron excesivo el uso que se hacía en el Principado del sistema de libre designación y que anularon varios concursos convocados por el Ejecutivo asturiano.

La reforma la ley, aún en fase de discusión en la Mesa General de la Función Pública, es similar a la aprobada en la Comunidad de Valencia, donde gobierna el PP, y podría afectar a unos 3.000 funcionarios la plantilla actual de la Administración regional, afectados por las designaciones en distinto grado. De prosperar la iniciativa del Principado, el Gobierno regional tendía capacidad para nombrar «a dedo» a los jefes de servicio, a los letrados de la Administración autonómica, a los asesores y coordinadores y hasta los puestos de secretaría de despacho y de los chóferes de los altos cargos regionales, entre otros.

La reforma de la ley de Función Pública es uno de los compromisos contraídos por el Ejecutivo de Álvarez Areces al principio de esta legislatura, que arrancó en 2007 y concluirá en la primavera de 2011. La Dirección General de Función Pública tiene un borrador que ayer mismo se discutió en la Mesa General de la Función Pública y en la que están presentes los sindicatos mayoritarios: UGT, CC OO y CEMSATSE (agrupación de los sindicatos de médicos y enfermeros.

El artículo 1 de ese borrador define de manera diáfana los puestos que se podrán cubrir «a dedo» en la Administración regional: «Atendiendo a su especial responsabilidad y confianza, se proveerán, en todo caso, por el sistema de libre designación las jefaturas de servicio y los puestos de trabajo directamente adscritos a cargos nombrados por decreto del Consejo de Gobierno». Es decir, la nueva ley regional pretende equiparar el nombramiento de los jefes de servicio con el de los altos cargos del Gobierno, cuando, hasta ahora, la normativa estatal establecía que el procedimiento ordinario para cubrir la jefatura de servicio es el concurso y no la libre designación.

El borrador que pretende sacar adelante el Ejecutivo asturiano también incluye entre los puestos que pasarán a ser de libre designación o «a dedo» los de coordinador o asesor, letrado de la Administración del Principado, secretaria de despacho, conductor de los miembros del Gobierno y de los altos cargos así como de los directores o gerentes vinculados a la Administración regional. El texto del nuevo articulado incluso abre la puerta a la libre designación en otros empleos de la Administración siempre que quede «suficientemente acreditada y justificada» por parte del Gobierno de turno.

Otro de los artículos de la ley de Función Pública que el Principado pretende modificar afecta a las comisiones de servicios, donde se establece que se valorará un máximo de dos años en los concursos de méritos, pero con la salvedad de que abre la puerta a ampliar ese período de valoración a todos los funcionarios que se encontraban en dicha situación «con anterioridad a la entrada en vigor de la presente ley».

Fuentes de la Administración regional aseguraron ayer que en la actualidad hay en comisión de servicios unos seiscientos funcionarios en el Principado, una cifra que algunos sindicatos creen excesiva. La valoración de la comisión de servicios fue precisamente el motivo de la anulación de tres concursos por parte de la judicatura asturiana, uno de jefe de negociado y dos correspondientes a jefes de sección.

Varios colectivos y organizaciones sindicales afirman que el contenido de esta ley es «muy similar» al aprobado en la Comunidad de Valencia por el Gobierno de Francisco Camps, del PP. El Conceyu por otra Función Pública, que promovió los pleitos que perdió el Principado por el uso de la libre designación, considera que con esta reforma el Gobierno de Areces «pretende legalizar la dedocracia anulada por la justicia asturiana en cuatro sentencias consecutivas, copiando el método de Camps».

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