El triunfo de la sublevación militar en Oviedo trajo como consecuencia inmediata el colapso de la organización estatal en Asturias. Oviedo era el centro de toda la Administración regional, sede del Gobierno Civil, la Diputación, la Audiencia, la Comandancia Militar y la cabecera del tercio de la Guardia Civil, como organismos más destacados. Los propietarios y los cargos directivos de las principales empresas, aparte de la dirección de los bancos, también se encontraban en el Oviedo rebelde a la República. Es evidente que las relaciones de todos estos poderes con el resto de la provincia quedaron súbitamente cortadas, lo que ocasionó un auténtico vacío de poder que hubo de ser ocupado por nuevos organismos que asumieron la legalidad republicana y que se desenvolvieron entre el mantenimiento de esa legalidad y la revolución.
Al conocerse las noticias de la sublevación militar en el norte de África, se constituyó en el Gobierno Civil de Oviedo un llamado Comité Provincial del Frente Popular, integrado por representantes de los partidos que habían constituido la candidatura del Frente Popular, triunfadora en las elecciones de febrero de 1936, con funciones de asesoramiento al gobernador civil en aquellos difíciles momentos. Una vez que Aranda abandonó el Gobierno Civil y se inició la sublevación, ese comité se dispersó de forma precipitada, aunque sus miembros quedaron en reunirse en cierto domicilio, reunión que no se llegó a materializar.
En los días siguientes, el Comité Provincial del Frente Popular se volvió a formar en Sama de Langreo, y aunque carecía de sustento jurídico alguno pasó a ser de hecho el depositario de la legalidad republicana en Asturias. El 26 de julio de 1936 apareció en la capital langreana el n.º 1 de un denominado «Boletín de Guerra del Frente Popular», en el que se insertaban varios comunicados suscritos por el Comité Provincial del Frente Popular. En uno de ellos se estipulaba que los diversos comités que en paralelo al Provincial se habían constituido en las diversas localidades debían «rigurosamente proceder a la detención de todos los elementos fascistas y reaccionarios simpatizantes, comunicando el total de detenciones a los jefes de las columnas más próximas a la localidad de que se trate». También ordena la requisa de todos los elementos de transporte, armamento y los aparatos de radio, requiriendo a los comités locales para que comunicaran al Provincial de qué víveres disponían y para cuántos días.
Los comités locales debían encargarse, sin dilación, de organizar en cada zona la sanidad y el abastecimiento. Requería para ello el Comité Provincial a los profesionales médicos, practicantes, mujeres que se prestasen «a cumplir una misión tan elevada». En cuanto al abastecimiento, el Comité Provincial ordenaba que los comerciantes entregaran «voluntariamente todo cuanto se les pida, en la seguridad de que la República indemnizará como corresponde». Quedaban, además, «relevados de pagar a los grandes almacenistas facciosos». A los campesinos se les eximía también del pago de las rentas y deudas a los dueños de la tierra que fueran facciosos o hubieran intervenido directa o indirectamente en la sublevación. De forma general, «todos los demás bienes materiales deben ser requisados sin vacilaciones y puestos al servicio de la República y del Frente Popular». Estas disposiciones amparaban actuaciones que ya se habían producido con anterioridad en muchos lugares. El mismo 20 de julio un denominado comité local de Sama había repartido octavillas en las que se disponía «la incautación de los artículos de primera necesidad, constituyéndose para todo lo relativo con este servicio un Comité de Abastos».
En el primer Comité Provincial del Frente Popular estaban representados el Partido Socialista, el Partido Comunista, la CNT, las Juventudes Socialistas Unificadas e Izquierda Republicana. No parece que existiera en ese primer Comité Provincial la figura de presidente, aunque Ramón González Peña, que el viernes 24 de julio se había dirigido por radio a la población, aparecía como máximo dirigente. También parece que en ese Comité Provincial el protagonismo de los socialistas era más destacado, aunque también participaban el resto de los partidos. De hecho, Juan Ambou fue encargado por el Partido Comunista para participar en su representación en el comité y con ese fin salió para Sama desde Trubia el 22 de julio. Igualmente, se había requerido desde el Comité Provincial a la dirección de la CNT en Gijón que designara dos delegados para participar en el mismo, y la Regional de la CNT delegó en la CNT de La Felguera.
A lo largo de la primera semana quedó organizado ya un Comité Central de Abastos, al tiempo que se fueron repartiendo competencias y tareas entre los diversos dirigentes que integraban el Comité Provincial. Ramón González Peña asumió la dirección militar. Amador Fernández supervisó los abastos. Juan Ambou se encargó de la prensa, para lo que contó con la colaboración de los periodistas Ovidio González Gondi y Ramón G. Roza, socialista el primero, comunista el segundo. Rafael Fernández se ocupó de la nueva Hacienda. Integraban el Comité Provincial, además de los citados, Belarmino Tomás, por el PSOE; José García, por el PCE; José San Martín y Joaquín F. Paredes, por Izquierda Republicana; Manuel Suárez, por las Juventudes Socialistas Unificadas, y Eladio Fanjul y Ceferino Duarte, designados por la CNT de La Felguera.
Todos los comités locales reconocían tácitamente la supremacía y autoridad del Provincial, aunque funcionaban con bastante autonomía. Este carácter fue más acusado todavía en el Comité de Guerra de Gijón, que surgió ya el 18 de julio por iniciativa anarquista, y al que en el curso de la semana siguiente se incorporaron representantes del resto de las fuerzas políticas y sindicales. Su origen estuvo en una comisión de defensa, exclusivamente cenetista, que se formó en la noche del 17 al 18 de julio, integrada por Avelino González Mallada, secretario del Comité Regional, Segundo Blanco, Avelino González Entrialgo y Ramón Álvarez, que participó en el Ayuntamiento gijonés en una reunión con el Alcalde y representantes de las otras fuerzas políticas (socialistas, comunistas y republicanos).
La Comisión de Defensa dio paso al Comité de Guerra, que se constituyó de forma más o menos oficial el 21 de julio. La configuración del Comité de Guerra quedó definitivamente fijada el 27 de julio. En esa fecha estaba constituido por las siguientes personas y responsabilidades: Segundo Blanco (CNT), presidente; Carlos Díaz (CNT), secretario; Avelino G. Entrialgo (CNT) y Horacio Argüelles (PCE), Movilización o Milicias; Ramón Álvarez Palomo (CNT), Comunicaciones; Eugenio Alonso (UGT), tesorero; Marcelino Corbato (UGT), Sanidad; Rafael Hernández (UGT), Trabajo; Manuel Menéndez (UGT), Instrucción Pública y Protección a la Infancia; José Gallardo (PCE), Investigación y Vigilancia; Emilio Fernández (PCE), Abastos; Alberto Lera (Izquierda Republicana), Vivienda, y Policarpo Menéndez (IR), Aviación.
El Comité de Guerra se instaló en el edificio del Banco de Gijón; la Delegación de Movilización dispuso su cuartel general en el hotel Malet, situado en la calle Corrida, esquina a Munuza; e Investigación y Vigilancia ocupó la casa de Figaredo, en los altos del Banco Español de Crédito.
Desde Movilización intentaron establecer contacto con los jefes de los grupos armados y coordinar la acción ante los cuarteles de Gijón. La mayoría de los grupos armados formados en Gijón estaban constituidos y dirigidos por anarquistas y habían sido reforzados con otros de la misma ideología llegados de La Felguera. También había en Gijón grupos de las MAOC (Milicias Antifascistas de Obreros y Campesinos), controlados por el PCE, reforzados también con gente venida de la cuenca minera.
También se reorganizaron los servicios sanitarios que se instalaron en el edificio del Instituto de Puericultura. Una parte del mismo se acondicionó como hospitalillo de sangre para atender a los heridos, y al frente se puso al doctor Honesto Suárez. En Gijón uno de los servicios que funcionó con mayor eficiencia fue el de Abastos, con una compleja trama de comités de barrio para poder atender al grueso de la población. Se establecieron cartillas de racionamiento y se montaron comedores públicos. Los pescadores de los principales puertos asturianos colectivizaron los equipos de pesca y las fábricas de conservas.
Con este nuevo entramado político-administrativo a la par que se trataba de atender a las necesidades militares que la sublevación había creado, se intentó también reanudar la vida normal y la producción en minas y fábricas, si bien se orientó su producción a cubrir las necesidades bélicas. Algunos ingenieros se fueron incorporando paulatinamente al trabajo. Especialmente, las grandes siderurgias de Gijón, La Felguera y Mieres se dedicaron a fabricar diversos artilugios bélicos y de ellas salieron camiones blindados, obuses para cañón y otros pertrechos de guerra.
Ni el Comité Provincial del Frente Popular, ni el Consejo de Guerra de Gijón, ni ninguno de los Comités locales tenían precedentes ni fundamento jurídico. Fue el vacío de poder producido por la sublevación y el aislamiento en el que quedó Asturias con respecto al Gobierno central, las que motivaron que los dirigentes de la izquierda asturiana se adelantaran, en muchos casos, a decisiones que posteriormente rubricaría el propio Gobierno de la República. La entrada de la CNT en el Gobierno de la república, por ejemplo, tuvo su precedente más inmediato en la inclusión de esa central sindical en el Comité Provincial del Frente Popular, en fecha tan temprana como el 26 de julio de 1936.
Hasta ya avanzado el mes de septiembre continuó una cierta duplicidad en el poder republicano en Asturias, el que encarnaba por un lado el Comité Provincial del Frente Popular, desde Sama, y el representado por el Consejo de Guerra de Gijón. Las necesidades de la guerra harán que esa duplicidad sea superada y que sólo continuara el Comité Provincial, reconocida su representatividad por el Gobierno. Pero eso será materia de otro capítulo.
