Oviedo, Álvaro FAES

«El Gobierno de Mariano Rajoy lanza gestos hacia Europa que perjudican a su propio país». Es el diagnóstico de Antonio Pino, líder del sindicato Comisiones Obreras (CC OO) en Asturias, sobre el conflicto que han generado en la minería asturiana los recortes que el Ejecutivo nacional incluye en sus Presupuestos y que dejan tocada la industria hullera en la región. A Pino se le suma el responsable de UGT, Justo Rodríguez Braga. «Hay una movilización importante, sindical y social, que debería hacer rectificar los Presupuestos para que la minería siga teniendo futuro. No daremos un paso atrás en su defensa».

El presidente del Principado, Javier Fernández, recibió ayer por primera vez a los representantes de los dos sindicatos mayoritarios desde que accedió al Gobierno y estos aprovecharon su comparecencia posterior para ofrecer su punto de vista sobre el conflicto. También dejaron su impresión sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, al día siguiente de una jornada de duros enfrentamientos, rematada con la batalla campal en el entorno de Santa Cristina de Lena, donde los mineros, en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, llegaron a disparar voladores a través de lanzacohetes caseros, fabricados con tubos de andamio. «Cuando gobierna el PP, se incrementan las acciones de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Ya lo vimos el sábado en Madrid, cuando cargaron antes de tiempo (aún no se había cumplido la hora en que los mineros debían retirarse de su protesta), y también ayer (por el lunes) durante las movilizaciones de la minería», dijo Antonio Pino a la puerta de la sede de Presidencia, antes de reunirse con Javier Fernández.

En el encuentro entre los sindicatos y el Gobierno participó también el consejero de Economía y Empleo, Graciano Torre. Desde el Ejecutivo salió el compromiso de ponerse manos a la obra con la negociación de la concertación social -a tres bandas, entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios- «a finales de junio o primeros de julio», según desvelaron los representantes sindicales.

Javier Fernández y Graciano Torre les hicieron saber la necesidad de respetar la hoja de ruta preestablecida. En primer lugar, el Gobierno deberá elaborar las cuentas (lo hará en colaboración con el Ministerio de Hacienda) para cumplir a finales de año el objetivo de déficit y, a continuación, se centrará en la tramitación del crédito necesario -calcula Torre que será de «algo más de 400 millones»- para la ejecución del Presupuesto prorrogado lo que resta de ejercicio. Después, y creen que será a primeros de julio, llegará el momento de la concertación social.

Admite el Consejero que para alcanzar el objetivo de déficit serán clave las «modificaciones fiscales», lo que se puede interpretar como la subida de algunos impuestos, como ya han dejado caer algunos miembros del Gobierno «y el ahorro adecuado en el gasto. Lo que dejó claro Graciano Torres es que «los recortes no serán de carácter ideológico y sí económico».

Justo Rodríguez Braga y Antonio Pino también expresaron al Presidente su preocupación por conseguir el desbloqueo de la subida de la tarifa eléctrica a las multinacionales asentadas en la región, las tasas del puerto de El Musel y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales, a pesar de la necesidad de recortes.