Oviedo, Eloy MÉNDEZ
La crisis institucional y económica que atraviesa España fortalece la confianza de María Valvidares en la ciudadanía. «Vivimos tiempos de riesgo ante una posible reacción contra la democracia mediante respuestas de tipo autoritario, pero la sociedad civil no está adormecida y de ella depende una salida», opina la profesora de Derecho Constitucional, miembro de un grupo de docentes de varias regiones que analiza las repercusiones político-jurídicas de la integración europea en los diferentes estados miembros. «Los acontecimientos indican que en nuestro país caminamos hacia un sistema mucho menos bipartidista, en el que serán necesarios pactos entre varias formaciones para gobernar, al margen de los nacionalistas», opina la joven especialista, proclive a abrir un debate sosegado sobre la reforma limitada de la Carta Magna de 1978. «Lo que no nos podemos permitir es destrozar todo lo que hemos creado por la actual falta de credibilidad, ni tampoco cambiar las cosas deprisa y corriendo, como hicieron en 2011 el PSOE y el PP con la cláusula para cumplir el objetivo de déficit», razona.
La contratada doctora del departamento de Derecho Público es una entusiasta de los proyectos internacionales encaminados a la creación de sujetos políticos que apuesten por la paz y la convivencia. Por eso, dedicó su tesis a analizar las ideas de los precursores de una unidad europea, al margen de consideraciones religiosas, desde el siglo XVII a principios del XX. Muchos son perfectos desconocidos para el gran público, como el asturiano Juan Francisco Siñeriz y Trelles, que elaboró un proyecto de construcción continental en 1839. «La actual Unión debería caminar hacia parámetros federalistas, porque su labor se haría de esta forma mucho más transparente para los ciudadanos, que desconocen mayoritariamente lo que se hace en Bruselas», sostiene. «Aunque suene utópico, soy partidaria de un Estado mundial y cosmopolita, con unas estructuras únicas que reduzcan las desigualdades, especialmente entre el Norte y el Sur», añade. «En este sentido, es curioso que hayamos caminado hacia una globalización económica y política y que pervivan esquemas jurídicos del siglo XIX», remata.
Su vocación marcadamente internacionalista le lleva a rechazar las «teorías que vinculan a los pueblos con la etnia o la lengua», propias de los nacionalismos. Aun así, es partidaria de escuchar las proclamas independentistas catalanas. «Negarse a afrontar un problema político es un error, otra cosa bien distinta es que lo que pide el Parlament tenga encaje legal. No obstante, considero que la declaración de soberanía es un mero documento de intenciones, que no genera necesariamente problemas legales», subraya. En este sentido, se muestra partidaria a abrir el melón de la reforma constitucional, para «temas sobre los que existe un amplio consenso, como especificar el nombre de las diferentes autonomías, precisar sus competencias o eliminar la preponderancia del varón en el orden sucesorio a la Corona». «Pero no podemos caer en el error de someterlo todo a revisión por la coyuntura», advierte.
Una coyuntura marcada por los escándalos que salpican a casi todas las instituciones. «Este distanciamiento de los ciudadanos con los partidos, que han asumido más atribuciones de las que les corresponden, puede ser el germen de discursos peligrosos, que tratan de desacreditar al sistema democrático», indica, convencida de que «hemos perdido la proporcionalidad a la hora de medir la corrupción, porque la amplia mayoría de los servidores públicos trabajan como deben». Pero también considera que es necesaria una respuesta más enérgica por parte de las autoridades. «La explicación del presidente del Gobierno respecto al posible cobro de sobresueldos en el PP fue clamorosamente insuficiente porque lo hizo sin admitir preguntas ni posibilidad de debate», razona. «Nuestra democracia no necesita un cambio de arriba abajo, sino una apuesta decidida por la transparencia. Es mucho lo que está en juego», concluye.
