Los letrados consultados, incluso fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, indicaron ayer que, una vez que se ha producido la declaración de Villa, se despejaría el fin de la instrucción y la jueza Simonet Quelle Coto podría dictar un auto rápidamente, un auto por el que podría celebrarse un juicio, o incluso el archivo, si se considera que Villa no está en condiciones de afrontarlo. Esta posibilidad se aleja, puesto que Villa declaró ayer con nitidez y contundencia, lo que demuestra que pueden defenderse en un juicio. Todo dependerá de la impresión que se haya llevado la magistrada de la declaración y de lo que interesen las partes, incluido el fiscal del caso, Enrique Valdés-Solís.

No obstante, una vez que Villa ha decidido defenderse -si bien es cierto que después de que la jueza le apercibiese con una posible orden de detención en caso de no presentarse a declarar-, no sería extraño que la defensa del exsindicalista comenzase a solicitar nuevas pruebas. Villa realizó ayer un cuerpo de escritura para que sea comparada por los servicios grafológicos de la Policía con los originales que obran en la querella. Con ello quiere demostrar que no es el autor de una parte de las firmas que se le atribuyen, que podrían haber sido realizadas por otros miembros del sindicato, como el excontable Juan Cigales o el secretario general de la junta de administración del sindicato, Amalio Fernández.

La querella mantiene que Villa se apoderó de 420.000 euros procedentes, unos 243.000 euros, de las dietas del comité intercentros, y el resto a través de las tarjetas del sindicato, en la forma de gastos sin justificar. Los gastos que se atribuyen al exgerente del Infide Pedro Castillejo ascienden a 72.000 euros. No obstante, el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, realizado por encargo de la Fiscalía Anticorrupción, que trata de aclarar el origen de los 1,4 millones de euros que Villa afloró en la amnistía fiscal de 2012, apunta a otros posibles orígenes de la fortuna del ex secretario general del SOMA, como certificaciones falsificadas de las obras del geriátrico del Montepío. Esta investigación sigue abierta en Madrid.

Los letrados del SOMA negaron ayer que pueda haber más investigados en este caso, aunque todo puede ocurrir. Tras la declaración de ayer, siguen sin saber adónde fue medio millón de euros del sindicato.