Los propietarios de Igrafo gastaron 1,7 millones de euros en sólo cuatro años en "regalos o dádivas" destinados a personas que no tenían relación con la sociedad, algunas de ellas funcionarios de la Administración autonómica. Al menos eso es lo que defendieron ayer en el juzgado los inspectores de Hacienda que llevaron a cabo las investigaciones fiscales tras la implicación de la empresa en el "caso Marea", unos informes que arrojan "continuas irregularidades" por parte de la empresa y que son la clave del juicio que se está celebrando contra dueños de Igrafo por supuestos delitos contra la Hacienda Pública.

La alarma de los investigadores saltó al comprobar que la empresa había contabilizado como gastos todos esos "regalos", que no son deducibles y que "deberían de estar reflejados en el capítulo de liberalidades y donativos", explicó uno de los peritos refiriéndose al periodo comprendido entre 2006 y 2009. "Aparecen como gastos, pero no hemos encontrado facturas emitidas por Igrafo que demuestren que lo hayan pagado terceras personas", añadió.

Entre esos supuestos servicios sin factura que ayer se pusieron sobre la mesa se encuentran las obras en domicilios particulares, viajes, tarjetas regalo del Corte Inglés por valor de miles de euros, trabajos de decoración y mobiliario, el pago de menús o servicios de cátering en actos ligados a la consejería de Educación o entradas para un espectáculo del Circo del Sol que acabaron en manos de María Jesús Otero, la jefa de servicio peor parada en el juicio de "Marea" (nueve años y medio de Cárcel). En el informe de Hacienda también aparecen "facturas sin prestación de servicios". Los inspectores señalaron además que en Igrafo "existía una contabilidad paralela no declarada", que no se declaraban las ventas en las dos tiendas de la empresa (Oviedo y Gijón) o que los dueños de Igrafo declaraban menos existencias de las que tenían en los almacenes para evadir impuestos.