La situación sociolaboral de los jueces y fiscales es de las más desconocidas del panorama laboral. Por ejemplo, sus guardias son de 24 horas y su remuneración es de 1,75 euros la hora, para los jueces; y de 60 céntimos para los fiscales en el caso de los juzgados mixtos únicos, que son muchos en Asturias. Tampoco se sabe que tienen menos vacaciones que los funcionarios que trabajan en los Juzgados. Y también menos días de permiso por paternidad.
A todo esto se suma la situación general de la Justicia española, con carencias de jueces, fiscales y funcionarios -lo que explica el colapso de los juzgados- y el intento de control por parte de los políticos, como se ha evidenciado con el nombramiento del presidente del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que se elija a los vocales que deberían hacer la elección.
Éstas son algunas de las causas que han llevado a las siete asociaciones de jueces y fiscales del país a convocar una segunda jornada de huelga general, tras la que ya habían protagonizado el pasado mes de mayo. El seguimiento en Asturias fue de algo más de la mitad de los fiscales y en torno al 45 por ciento de los jueces, lo que obligó a suspender casi 130 señalamientos en la región. En número, fueron 66 jueces los que secundaron el paro, según el CGPJ.
En el conjunto de España, el seguimiento en la carrera judicial fue del 60,9 por ciento, mientras que en la fiscalía se quedó en el 39 por ciento del total. Aún así, las organizaciones convocantes señalaron que falta por conocer las cifras definitivas, ya que, como también ocurrió en mayo, se produjo un colapso del correo corporativo "poderjudicial.es", utilizado por la Carrera Judicial para comunicar, cada magistrado, si hacía huelga.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, se solidarizó con los jueces y fiscales a través de un comunicado, que suscribieron sus homólogos de todo el país, para apoyar las "justas y legítimas" reivindicaciones así como la mejora de las condiciones profesionales.
La Fiscal Superior de Asturias, Esther Fernández, indicó que "los fiscales, jueces y magistrados somos trabajadores con unos determinados derechos laborales por los que creo que debemos luchar".
Juan Carlos García, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Asturias, aclaró que "no pedimos, ni más ni menos, que lo que se ha reconocido a los funcionarios. Y nuestra independencia."
Miguel Rodríguez, portavoz de la Asociación de Fiscales en Asturias, reclamó la creación de más plazas y la recuperación de unos derechos sociolaborales que se les recortaron con la crisis.
Jueces y fiscales se concentraron ante los juzgados en Oviedo y mostraron su "gran decepción" ante la actitud de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, "que en mayo participó activamente en la huelga y esperábamos su apoyo, porque pedimos lo mismo".
