El Gobierno socialista de Pedro Sánchez deja la puerta abierta a que la central térmica de Aboño II, de EDP, continúe en servicio más allá de 2030, pero porque acabará "cerrando una manera natural" al no ser competitiva por razones de mercado. Básicamente, por el precio de las emisiones de CO2. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que el Ejecutivo envió ayer a Bruselas -la fecha límite era el 31 de diciembre- contempla que la presencia del carbón en el mix eléctrico se sitúe entre 0 y 1.300 megavatios en 2030. La central asturiana tiene 556.
El plan enviado a Bruselas es un borrador que ahora se tiene que someter a información pública durante un mes y que además debe ser revisado por la Comisión Europea. Será el próximo Gobierno el que tenga que aprobarlo.
El documento, grosso modo, establece que en el año 2030 el consumo energético en España debe ser renovable en un 42 por ciento y el origen nuclear será la mitad que ahora. Para entonces, según la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, la factura de la luz se habrá reducido. También para entonces se habrán cerrado las centrales de carbón.
En la actualidad hay 14 centrales térmicas en activo. A partir de 2020 quedarán cinco, de las que dos están en Asturias: Soto de Ribera III y el grupo II de Aboño, que tras las fuertes inversiones realizadas en los últimos años cumplirán los requisitos ambientales y serán suficientemente competitivas para producir "al menos hasta 2030", según EDP. La compañía eléctrica deberá decidir este año si también realiza un enorme desembolso para mantener Aboño I en funcionamiento o lo cierra el año próximo.
La Ministra señaló que el Gobierno no prevé que las centrales térmicas alarguen su vida en el mix energético más allá de 2030 aunque pudieran, porque no serían competitivas. Y señaló el elevado precio del CO2 para entonces. Así que serán abocadas a un cierre "de manera natural", señaló.
Un plan para las Cuencas
El anteproyecto presentado ayer por Ribera incorpora además un "Plan de acción urgente" para las Cuencas, en el que se garantiza "a los trabajadores que pierdan su empleo en empresas mineras que cierren, compensaciones adecuadas, como prejubilaciones o bajas indemnizadas". También se ofrecerán "convenios de transición".
Según el Gobierno, una parte importante de este plan ya está en marcha, con el acuerdo minero alcanzado con los sindicatos y la patronal en octubre del año pasado. Además, también se ha agilizado la concesión de subvenciones del marco 2013-2018 para impulsar económicamente a estas comarcas. Se trata en realidad del último acuerdo de los fondos mineros.
También añadió el Ministerio de Transición Energética que se ha extendido la fecha límite para reconocer las ayudas hasta el 31 de diciembre de 2023, por importe de 134 millones de euros.
