La vida de Ana (nombre ficticio) se convirtió en un infierno cuando cursaba Segundo de Bachillerato en el Instituto Monte Naranco de Oviedo. D. D. L. P., un repetidor de 19 años, la tomó con ella y le hizo la vida imposible de tal forma que tuvo que someterse a tratamiento al presentar un cuadro de ansiedad que le impedía estudiar. Ayer relató lo que sufrió en el Juzgado de lo penal número 2 de Oviedo: "Había veces que no podía ir al instituto. Cuando faltaba mi compañera de pupitre me angustiaba, porque sabía que él se sentaría junto a mí y me pondría la mano en el muslo. En casa no podía concentrarme, empecé a fallar en los estudios. Una vez me pegó una bofetada porque yo no tenía unos apuntes que él me pedía. Él me preguntaba por qué no quería que me tocase, que cuándo iba a su casa para chupársela. Nos intentaba meter la mano por dentro de la camiseta; a una compañera, incluso por debajo del pantalón. Le pedíamos constantemente que parase, era continuo", relató la joven, hoy mayor de edad. Su versión fue corroborada por sus compañeras, que también sufrieron los abusos del joven.

El acusado, un chico de origen latinoamericano, se deshizo en disculpas: "Pude tener un lenguaje obsceno e inapropiado, pero nunca quise molestar a las compañeras, no quería tocarles las narices a unas chicas tan buenas. Creí que tenía confianza con ellas. Cuando me enteré de que me habían denunciado, no podía creerlo". Efectivamente, el joven fue expedientado en 2019 tras la denuncia que presentaron sus compañeras de clase ante el tutor del curso, quien ayer declaró en el juicio que no se había dado cuenta del acoso sufrido por sus alumnas. El supuesto acosador les pidió perdón por carta, se fue del instituto, después de que el expediente se resolviese con su expulsión del centro durante un mes, y ha terminado consignando el dinero reclamado tanto por el ministerio público como por la acusación particular, motivo por el que su abogado, Manuel Alonso Niño, considera que concurre una triple atenuante. El joven reiteró al final del juicio su petición de perdón y suplicó a la magistrada Elena Álvarez que tuviera en cuenta los efectos que para su futuro y su economía tendría una condena.

El ministerio público mantuvo su petición de un año y dos meses de cárcel por un delito de abusos sexuales y otro de acoso, así como la prohibición de aproximación durante cuatro años y una multa de 1.620 euros, y una indemnización para la víctima de mil euros. La acusación particular, bajo la dirección letrada de Rafael Felgueroso, solicitó una condena de un año y cuatro meses de prisión, así como otros cuatro de alejamiento.