Recurrir a entidades privadas, solución para aliviar la demora para valorar la discapacidad

La Consejería de Derechos Sociales está dispuesta a recurrir a empresas privadas para recortar la lista de espera en la valoración de las discapacidades, que en algunos casos puede llegar a tres años de demora. La titular del área, Melania Álvarez, también anunció en la Junta General del Principado que, en paralelo a la elaboración de un protocolo de desescalada para los geriátricos, se plantea la flexibilización de los centros de día que comparten instalaciones con las residencias del ERA, gestionadas por la administración regional.

Melania Álvarez ya había anunciado un plan de choque para reducir las listas de espera en la valoración de discapacidades. El programa incluye reforzar el personal de valoración; dar prioridad a las evaluaciones que impliquen a menores de 18 años; agilizar las ayudas que estén sometidas a la urgencia de plazos, y adelantar la resolución de solicitudes de tarjetas de estacionamiento de vehículos que transportan a personas con movilidad reducida.

La Consejera de Derechos Sociales aseguró ayer, en respuesta a una pregunta del diputado Luis Armando Fernández Bartolomé (Ciudadanos), que se atienden las situaciones. Y añadió que “ante la situación de la lista de discapacidad se propone la colaboración con entidades públicas o privadas para realizar las valoraciones”.

Respecto de la apertura de las residencias geriátricas a visitas y nuevos ingresos, Álvarez afirmó que es de “justicia” que los residentes en los 270 geriátricos que funcionan en Asturias “recuperen las condiciones de vida”, pero con prudencia.

La Consejera indicó que durante el año 2020, y pese a las limitaciones derivadas de la pandemia sanitaria, la lista de espera de las valoraciones para dependencia se redujo el 41,5 por ciento y la de personas a la espera de prestación, un 47,7, tal y como ya adelantó este periódico. Actualmente hay 5.047 personas menos esperando por su valoración o por su programa individual de atención.

La cuarta y última fase del plan de choque se centra en la modificación de la normativa sobre el procedimiento y las prestaciones de la dependencia.

El diputado de Podemos Rafael Palacios criticó que el reconocimiento para la valoración y la elaboración del programa individual de atención se deje en manos de profesionales técnicos en vez de los trabajadores sociales. La Consejera respondió que “ese programa no es un informe social, sino que se ajusta a un catálogo de prestaciones”.