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El Principado libera a los centros de salud de la gestión de las bajas por covid

Los rastreadores recabarán la información y la inspección del Sespa tramitará simultáneamente los partes de incapacidad y reincorporación

Unidad de rastreadores de la UME.

La oleada de bajas laborales que ha levantado la explosión de la variante ómicron ha llevado al Servicio de Salud del Principado (Sespa) a asumir los trámites de las incapacidades para aliviar la carga administrativa que asfixia a los centros de salud. En un escenario con cerca de mil ausencias del trabajo al día por covid en enero, y en el que las 9.000 de lo poco que va de año ya casi igualan las cifras disparadas de todo diciembre, la autoridad sanitaria autonómica ha optado por unificar alta y baja en un solo trámite, como les pedían las empresas, y además por liberar de su gestión a los atestados centros de atención primaria, encomendándosela a los rastreadores y al servicio de inspección del Sespa.

El nuevo procedimiento para dar curso al aluvión de solicitudes evitará el contacto entre el trabajador infectado y su centro de salud, punto caliente del conflicto por el colapso de llamadas y la sobrecarga de tarea que está soportando el personal de la red de primaria. En su lugar, el mecanismo lo activarán ahora los rastreadores, que ante el positivo en una prueba diagnóstica –PCR o test de antígenos– efectuada por el servicio de salud o por las 27 farmacias homologadas, preguntarán al afectado si necesita una baja, desde qué día tiene síntomas y su empresa y profesión. A diario, esta información y la relación de casos se hará llegar al servicio de inspección del Sespa, que se encargará de tramitar simultáneamente, en un solo acto administrativo y con efectos retroactivos, la baja y el alta con siete días de diferencia entre ambas.

El trabajador recibirá un SMS con la confirmación de las fechas de inicio y fin de su periodo de incapacidad y con eso el proceso estaría completo sin más movimientos, pero adicionalmente los partes se enviarán a las unidades administrativas de los centros de salud, donde en caso necesario una persona autorizada por el paciente también podrá recogerlos en papel en un plazo de entre 48 y 72 horas. En los casos de empleados que pertenezcan a mutualidades y precisen por tanto cumplimentar otros partes mediante el talonario específico –entre ellos, muchos funcionarios–, los inspectores de Salud remitirán sus datos al centro de primaria para su tramitación.

El seguimiento clínico de los infectados con síntomas seguirá siendo ejercido desde los centros de salud, que decidirán si el trabajador requiere una prolongación de la baja más allá de los siete días de aislamiento estipulados para los infectados asintomáticos o con sintomatología leve.

La gerente del Sespa, Concepción Saavedra, expuso los pormenores del nuevo procedimiento en un encuentro con representantes de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), los sindicatos UGT y CC OO y las cámaras de comercio, que acogieron la información con regocijo. Al decir de la patronal, el nuevo modelo excepcional arbitrado por el Principado da respuesta a tres requisitos que las empresas consideraban indispensables, el mantenimiento del “control sanitario de los casos positivos, la simultaneidad en la concesión del alta y la baja con un periodo de siete de siete días entre ambas y sin perjuicio de prórrogas por agravamiento, y un sistema de gestión independiente que desahoga la presión sobre la atención primaria”. FADE persevera, por lo demás, en su propuesta para agilizar la vacunación, reclamando que las inmunizaciones puedan administrarse en centros de trabajo que dispongan de servicio médico o con la colaboración de las mutuas o servicios de prevención ajenos.

La perspectiva de la “simplificación administrativa” en el trámite de las bajas sitúa al secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, en el lado de los favorables a la solución que ha buscado el Principado. El mecanismo le sirve porque espera que resuelva el colapso de la atención primaria y que reduzca el atasco “de gente presencialmente y llamando por teléfono a los centros de salud”, dado que “el ochenta por ciento de las bajas por covid son de siete días”, positivos con síntomas leves o asintomáticos, destaca. Lanero acepta y añade una demanda, que además de la administración sanitaria y de las 27 farmacias homologadas se faculte para las pruebas diagnósticas a los servicios de vigilancia de la salud de las empresas.

Desde CC OO, su secretario general en Asturias, José Manuel Zapico, también piensa que “esta medida extraordinaria y excepcional va a contribuir a agilizar los plazos y a evitar el colapso de la atención primaria”. Lo fundamental, destaca, es que “haya una prueba diagnóstica que garantice la plena recuperación en la vuelta al trabajo de las personas que hayan enfermado por covid” y también establece que aquí “las empresas deben colaborar a través de sus servicios de prevención”. El sindicato quiere enfatizar, no obstante, que el problema es “de fondo, estructural, que faltan profesionales en la red de primaria” y que “hay que habilitar medidas de manera inmediata para incorporar personas al sistema público de sanidad, empezando por eliminar los numerus clausus en la Universidad de Oviedo”, y para salvar esta situación sobrevenida volver a incorporar a estudiantes de los últimos años de carrera o agilizar “la homologación de las personas extracomunitarias que aún no han podido ejercer en nuestro país”.

Cerca de mil ausencias al día para un complejo inicio de año


El aluvión de bajas que acompaña a la irrupción de la variante ómicron es una escalada incontenible que avanza a razón de unos mil trabajadores al día. Según los datos recopilados por la patronal asturiana, la suma de los pocos días que ha cubierto enero ronda un total aproximado de 9.000 que ya casi iguala las 9.900 contabilizadas en todo diciembre –pero correspondientes sobre todo a la segunda mitad del mes–. Para calibrar el nivel de la explosión basta con retroceder hasta las apenas 1.200 registradas en noviembre, incluso hasta el dato acumulado entre enero y octubre del año pasado, que no llega a las 31.000, a un ritmo medio de apenas 300 ausencias al mes. La repercusión laboral de la pandemia sigue una tónica de acumulación de bajas en torno a las oleadas de contagios, con grandes subidas, pronunciadas bajadas y una curva muy irregular que nunca había ascendido tanto como ahora.

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