El Gobierno del Principado ha decidido darle una vuelta de tuerca al urbanismo regional. La Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial presentó ayer las líneas maestras del anteproyecto de ley de ordenación integral del territorio de Asturias (LOITA), que en los próximos días entregará a los grupos parlamentarios para su debate en otoño en la Junta General. El objetivo del Ejecutivo es aprobar una ley que elimine trámites burocráticos y dé más agilidad a la planificación municipal. Una ley que evite la continua judicialización que vive el urbanismo en Asturias desde hace decenios, y que otorgue más capacidad al Gobierno del Principado para "ordenar el tejido de ciudades intermedias, villas y aldeas, de modo que se preserve el medio natural". Y una ley que posibilite un urbanismo menos encorsetado y que dé mayor libertad expresiva a la arquitectura contemporánea.
Según el Ejecutivo, la futura ley tendrá en cuenta la "singularidad asturiana", y no se limitará a catalogar el suelo, sino que valorará la potencialidad de cada territorio. Otorgará herramientas técnicas, "flexibles y ágiles", a los ayuntamientos y apostará por la protección del medio natural, la sostenibilidad y el "reciclaje urbano, frente al consumo de territorio". Crecer hacia adentro siempre que sea posible, parece la idea.
El urbanismo será "una tarea compartida" entre los municipios y el Principado y la ley favorecerá "la innovación territorial, la sostenibilidad y la cohesión". Cambian muchos nombres, resta por ver si también lo harán los contenidos. Así, desaparece el suelo no urbanizable, que pasa a llamarse "suelo rural"; desaparecen también los planes parciales. Y ya no habrá planes generales de ordenación (PGO), sino "estrategias municipales de ordenación" (EMO), que según el Principado permitirán plasmar "una visión a largo plazo" y recuperar "los principales valores de la ordenación territorial de los concejos".
La ley será más abstracta y generalista que la actual No entrará en detalles y el derecho de la propiedad se trasladará a una segunda fase, en los denominados planes de ordenación detallada (POD), que recogerán los derechos y deberes de los propietarios. "Este instrumento ofrece un margen de modificación respecto a la EMO, lo que evitará que se deba recurrir a continuas modificaciones del documento estructural y estratégico", según el Principado. Así, el planeamiento municipal será "más horizontal, dado que se eludirá la estructura en cascada y el alargamiento de plazos de forma innecesaria, lo que minimizará a su vez el posible impacto de las anulaciones judiciales", añade.
Las ordenanzas edificatorias y el catálogo urbanístico serán documentos independientes y simplificados, lo que permitirá mayor agilidad. Habrá tres clasificaciones de suelo: urbano, rural y núcleo rural. Y dentro del medio rural habrá dos tipos de calificaciones: "tradicional", para núcleos que mantienen sus características morfológicas, arquitectónicas, entorno y paisaje general, y "ordinario", los transformados parcial o totalmente.
Grado será el concejo piloto en el que se pondrán en práctica las herramientas introducidas en el anteproyecto para testar su efectividad o introducir cambios si fuera necesario.
