La red de alta velocidad es "un lujo que no nos podemos permitir", afirma De la Fuente

La política de infraestructuras en España ha adolecido de falta de planificación y de un correcto análisis de sus costes para repercutirlos convenientemente en los usuarios. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que dirige el asturiano Ángel de la Fuente, presentó ayer su último estudio sobre las políticas de transporte en España y reclamó la vuelta a la idea de implementar peajes en las carreteras españolas para financiar su mantenimiento.

El estudio, presentado por el propio Ángel de la Fuente y el economista Ginés de Rus, considera que estos peajes (que en su momento se planteó el Ejecutivo español en el marco de los compromisos ligados a los Fondos de Mecanismo de Recuperación y Resiliencia pero que terminó desestimando) "pueden ser modestos en muchos casos", pero deberían seguir el espíritu de que "quien deteriora la infraestructura ha de pagarla". Eso implica que este pago debería tener en cuenta que "los automóviles privados apenas deterioran el firme en comparación con los vehículos pesados".

Además, Fedea sugiere aplicar otros peajes "puntuales" vinculados a la congestión en ciertas infraestructuras o según franjas horarias. Por ejemplo, los autores indicaron la posibilidad de aplicarlos en las entradas y salidas de Madrid en ciertos momentos en los que se producen atascos recurrentes. Los autores del estudio lamentaron que la nueva ley de movilidad descarte esta opción.

El informe vuelve a señalar la desproporción que existe entre los costes de la red de alta velocidad española y los beneficios obtenidos con ella. "Hemos invertido muchísimo dinero en infraestructuras que, probablemente, sean más de las que necesitamos. Hay bastantes duplicaciones y tenemos carencias en otras áreas", explicó Ángel de la Fuente, quien cosidera que este hecho puede explicarse por "la tendencia a basar las decisiones de infraestructuras en cálculos políticos, en vez de en cálculos de rentabilidad económica y social".

En la exposición del estudio, De la Fuente aseguró que "la red de AVE duplica la red de aeropuertos, con lo que estamos cubriendo dos veces una necesidad, y de haber existido una correcta planificación no se habría hecho". Entre sus afirmaciones relativas a la alta velocidad, De la Fuente expresó que supone "un lujo que difícilmente nos podríamos permitir si se hubiese hecho un cálculo razonable", pero que la red ha ido creciendo siguiendo el criterio de que "si otros lo tienen, yo también". "Si acaso, se habría hecho la línea Madrid-Barcelona y punto", dijo De la Fuente.

En concreto, los economistas se refirieron a los "más de 50.000 millones de euros gastados en alta velocidad ferroviaria" y su escaso beneficio neto para la sociedad. Incluso en referencia a la alta demanda que se ha comprobado, a posteriori, con la apertura de las nuevas líneas a Galicia, De la Fuente y Rus afirmaron que, con todo, no llegaría nunca a cubrir los costes de construcción; si acaso, los de explotación.

El argumento central del estudio está en la deficiente, a juicio de Fedea, organización del Ministerio de Transportes, repartido en áreas en función de los modos (ferrocarril, carreteras, transporte aéreo) en lugar de hacerlo bajo una perspectiva global. "La politica de infraestructuas que han seguido los gobiernos españoles durante las últimas décadas presenta carencias y desequilibrios importantes que, en buena parte, tienen su origen inmediato en la ausencia de una planificación integrada y en la desatención a los criterios económicos de rentabilidad social".

Para atajar esta cuestión Fedea reclama la creación de dos unidades dentro del Ministero. La primera, dedicada a la gestión de la colaboración público-privada, se encargaría de identificar, proponer y realizar el diseño preliminar de los proyectos, incluso de su licitación. Además, debería existir otra unidad independiente del Ministerio, de carácter fiscalizador, que supervise los proyectos en la fase de construcción y operación, sancionando los incumplimientos. Una agencia independiente evaluaría los proyectos y políticas para evitar que se malgasten fondos públicos.

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