El perito del "caso Hulla" pide demorar la entrega de su informe hasta finales de junio

Dice que analizar las obras del geriátrico "es muy complejo" y ha tenido que buscar colaboradores, ya que no se dedica al 100% a hacer periciales

José Ángel Fernández Villa, flanqueado por su mujer y su procuradora, en una de sus comparecencias ante el Juzgado.

José Ángel Fernández Villa, flanqueado por su mujer y su procuradora, en una de sus comparecencias ante el Juzgado. / Julián Rus

Luis Ángel Vega

Luis Ángel Vega

El perito del "caso Hulla", instado por la jueza instructora a presentar este miércoles su informe –encargado allá por agosto de 2021–, acudió al Juzgado número 3 de Oviedo tal como le requerían, pero sin el dictamen y cargado de las más variadas excusas para explicar su retraso, según consta en su comparecencia, remitida a los partes personadas.

El perito explicó que no había presentado el informe aún por "la complejidad del tema". Otros motivos esgrimidos fueron "la pandemia y el fallecimiento del otro perito" con el que compartía el encargo. Por todo ello, aseguró ante la magistrada Begoña Fernández y el Letrado de la Administración de Justicia, ha tenido que buscar colaboradores para elaborar el informe.

El perito no dudó en asegurar que el informe encargado "no es un trabajo al que se dedique al cien por cien". Además, indicó que no prevé tener el dictamen para finales del mes de junio y que se compromete a tenerlo para entonces. Ahora la magistrada Begoña Fernández deberá tomar una decisión, si espera hasta junio para recibir el informe, si dicta un apercibimiento de delito de desobediencia a la autoridad, o incluso si deduce testimonio a la Fiscalía por si procede incoar diligencias por apropiación indebida, en caso de que haya cobrado la provisión de fondos.

Diez años de instrucción

El "caso Hulla", que implica, entre otros, al exsecretario general del SOMA, José Ángel Fernández Villa, y al que fuera su mano derecha, José Antonio Postigo, comenzó a ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción a mediados de 2013, después de que se conociese que los sindicalistas habían regularizado grandes cantidades de dinero, 1,2 millones en el caso del sindicalista de Tuilla. Diez años y medio después, el caso sigue empantanado en el Juzgado, a la espera de la presentación de un informe pericial sobre las obras del geriátrico del Montepío en Felechosa (Aller), del que habrían salido, según la Fiscalía, las cantidades que sirvieron para enriquecer a los sindicalistas. Villa, que fue condenado por utilizar fondos del SOMA para fines personales, no ingresó en prisión debido a su mal estado de salud y a que supondría para el exsindicalista una "humillación o sensación de envilecimiento superior".

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