"La disparidad de criterios" que costó más de 760.000 euros al erario asturiano en 2022

La sociedad Gispasa, encargada de la gestión de los hospitales HUCA (Oviedo) y Álvarez Buylla (Mieres), tuvo que pagar más de 760.000 euros de intereses por el retraso en el abono de facturas en 2022, según el informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas acerca del sector público del Principado que no forma parte de la cuenta general debatido esta mañana en la comisión de Hacienda de la Junta General, ante la que ha comparecido el síndico mayor, Roberto Fernández Llera. Este informe también reflejó entre sus conclusiones que ocho de las más de cuarenta entidades objeto de esta fiscalización estarían en riesgo de continuidad si no contasen con el apoyo financiero del Principado y reclamó un mejor control de las subvenciones, ya que, por ejemplo, en ese ejercicio no quedó acreditada la devolución de alguna que estaba muy por encima de la actividad realizada, concretamente en el caso de la Fundación Barredo. El Síndico mayor destacó el alto porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones del informe anterior, en un 76 por ciento.

El informe de la Sindicatura de Cuentas atribuyó el retraso en el abono de las facturas por parte de Gispasa, que obligó a pagar casi 762.000 euros de más, a tensiones de tesorería, según subrayaron en la comisión los diputados José Cuervas-Mons (PP) y Adrián Pumares (Foro). El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, aprovechó su comparecencia posterior a la del Síndico mayor para negar que el pago de intereses de demora en facturas fuera por problemas de liquidez en Gispasa. “No respondieron a un fallo de tesorería, sino a una disparidad de criterios, hubo un conflicto con una empresa acerca de los plazos de vencimiento y pago en la pandemia y la situación se regularizó en 2022”, detalló Peláez. El parlamentario forista, Adrián Pumares, replicó en su fijación de posiciones que no le parecía “razonable” que una disparidad de criterios “acabe costando casi 762.000 euros a todos los asturianos”.

El diputado del PP, José Cuervas-Mons, puso el foco en el control de las subvenciones concedidas por el Principado, con especial hincapié en las de la Fundación Barredo. “El informe revela que hubo un exceso de financiación de 1,4 millones en los ejercicios 2017, 2018, 2021 y 2022. El Principado no ha reclamado la devolución de ese dinero y hay riesgo de prescripción”, manifestó el parlamentario popular, que preguntó al Síndico si había indicios de responsabilidad contable en esa gestión y si la Sindicatura iba a tomar alguna medida al respecto. La respuesta de Fernández Llera fue que la Sindicatura “no detectó indicios de responsabilidad contable”, pero que ese informe, como todos los demás, han sido remitidos al Tribunal de Cuentas: “A día de hoy, el Tribunal de Cuentas no ha abierto diligencias”, precisó el Síndico mayor. Luego, en el turno de comparecencias posterior a cargo del Gobierno, la consejera de Transición Ecológica, Nieves Roqueñí, aclaró que “los diferenciales de esas subvenciones se regularizaron a finales de 2023” y destacó que “aceptamos ese criterio de la Sindicatura de buen grado”.

La fiscalización de la Sindicatura también estableció entre sus conclusiones que ocho de las entidades que no forman parte de la cuenta general del Principado estarían “en riesgo significativo de continuidad si no estuvieran apoyadas” con fondos autonómicos. Se trata de Zalia, Gispasa, Sogepsa, Avilés Isla de la Innovación, Fundación Niemeyer, Fundación Laboral Centro de Arte, RTPA, aunque la mayoría de las preguntas de la oposición al Síndico y luego a los consejeros del Gobierno se centraron en las tres primeras y también sobre Sedes, sobre la que el informe de la Sindicatura concluye que presenta “un resultado negativo estructural y no coyuntural”, pues desde 2013 hasta 2022, solo presentó resultados positivos en dos años. El PP y Vox llamaron la atención sobre la disparidad en la valoración de las parcelas de Sogepsa, que la entidad valoró en 89 millones mientras que la consejería de hacienda lo hizo en 54 millones, tal y como recoge ese mismo informe. El Síndico comentó que en 2023 “han ocurrido cosas que probablemente reduzcan la incertidumbre” sobre sociedades como Sogepsa o Zalia, en alusión a los procesos de reestructuración de la deuda. “Esos riesgos pueden ir aquilatándose”, apuntó Fernández Llera, quien más adelante declaró que no corresponde a la Sindicatura entrar en decisiones que son de competencia política, cuando fue preguntado por Cuervas-Mons acerca de la dependencia económica de la RTPA. “Necesita el apoyo de su único accionista”, afirmó.

Los grupos parlamentarios hicieron balance en los turnos de fijación de posiciones. El diputado Luis Ramón Fernández Huerga (PSOE) acusó a los grupos de la derecha de utilizar el informe de la Sindicatura como “instrumento arrojadizo contra la filosofía del sector público” y destacó que de las 17 recomendaciones señaladas por la Sindicatura solo se mantiene la discrepancia en una. El diputado José Cuervas Mons (PP) valoró que la fiscalización de la Sindicatura “pone al descubierto una pésima gestión del sector público y advirtió que “algunas deudas de la Fundación Barredo con el Principado podrían estar ya prescritas”. El parlamentario Gonzalo Centeno (Vox) cuestionó “el cambio de cromos en dos desastres como la Zalia y Sogepsa, donde se han cambiado deuda por acciones” y recalcó, como auditor colegiado, que “la existencia de ocho entidades que incumplen el principio de empresa en funcionamiento es para poner los pelos de punta, si esto ocurriera en el sector privado daría lugar a acciones penales”.

Delia Campomanes, de IU-Convocatoria por Asturias, destacó “el cumplimiento mayoritario de las recomendaciones de la Sindicatura de años anteriores, que tienen por objeto mejorar la gestión de estas empresas públicas” y acusó “a los grupos de la derecha y de la extrema derecha de aprovechar cualquier excusa para manchar la gestión pública”. Adrián Pumares (Grupo Mixto-Foro) alertó del “descontrol en las transferencias y subvenciones por la administración pública, de las que no hay un control suficiente de la Intervención General” e insistió en que “no es razonable que una disparidad de criterios” cueste más de 760.000 euros al erario autonómico.