Se habla de escuela inclusiva e integradora, pero la política educativa regional no garantiza la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación ni el acceso al empleo público temporal de las personas con discapacidad, cuando aparta a los estudiantes con necesidades educativas especiales con el simple argumento de error administrativo o cuando impide el acceso al empleo a los docentes interinos con diversidad funcional, dejándolos en el paro, al vulnerar directa y flagrantemente las previsiones establecidas en los artículos 23 y 25 del decreto 6/2012 de 16 de febrero del Principado de Asturias. Los argumentos absurdos e incomprensibles para incumplir el ordenamiento jurídico son, en este caso, el tratarse de una reivindicación novedosa y de un colectivo poco reivindicativo, cómo si la aplicación de la norma tuviese como requisito previo la exigencia o demanda de su cumplimiento.
Como integrante de un colectivo al parecer poco reivindicativo quiero recordar al señor consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, que si los derechos lingüísticos son sagrados y básicos y están en el marco legal que tienen, los discapacitados también tenemos unos derechos sagrados y básicos que también tienen un marco legal que cumplir, y que exigen el establecimiento de medidas positivas que aminoren las consecuencias de desigualdad que la discapacidad lleva consigo, de forma que se asegure la igualdad efectiva de las personas con discapacidad con medidas que garanticen la igualdad de oportunidades, el derecho a la educación y el acceso al empleo público tanto fijo como temporal, porque si la LOMCE es para cumplir guste o no, el resto del ordenamiento jurídico también, guste o no.
