Los resultados de la subasta del servicio de interrumpibilidad celebrada la pasada semana suponen un nuevo jarro de agua fría para las industrias electrointensivas, que afrontan, según lamenta AEGE -la asociación que las representa y de la que forman parte Alcoa, Azsa y Arcelor-, "un drástico recorte en la retribución por el servicio, afectando de forma preocupante a su competitividad". El lobby de las industrias electrointensivas recalca que sus asociadas son "empresas clave para la economía nacional por su carácter generador de actividad, de empleo estable y de calidad -dan empleo a 186.000 personas-, con fuerte tirón inversor y carácter exportador".

Desde AEGE aseguran que los ingresos por el servicio de interrumpibilidad "mitigan solo en parte el elevado precio eléctrico, uno de los más caros de Europa, un efecto exacerbado por no contar tampoco con las compensaciones y exenciones permitidas por la Comisión Europea de las que sí se benefician alemanes y franceses". Y añaden que la industria española se ve continuamente castigada por el elevado coste de la luz "con un precio medio de cierre estimado para 2018 de 58,6 euros el megawatio/hora, el más alto de los últimos 10 años y un 46% mayor que el de Alemania.