Mantener en pie las Baterías de coque en condiciones de seguridad para el medio ambiente y la población cuesta a Sepides 250.000 euros al mes, confirmaron a este periódico fuentes de la sociedad del grupo SEPI. El retraso en los planes iniciales de desmantelamiento de las instalaciones conlleva aparejado un incremento del gasto en el proyecto y según las previsiones que maneja ahora la propietaria de los terrenos de la coquería aún habrá que esperar varios meses para el inicio de los trabajos de desmantelamiento. Los terrenos no estarán urbanizados hasta el primer trimestre de 2024, lo que supone “un cierto retraso” sobre el plan inicial.
El desmontaje está en punto muerto desde mayo tras el recurso que planteó una de las empresas que optó al concurso público al acuerdo de adjudicación a la UTE vasco asturiana Lezama-Los Álamos en 6,5 millones de euros y que se suma al parón previo por la denuncia ante Fiscalía contra el exdirigente socialista Álvaro Álvarez. Toca resolver la reclamación al Tribunal de Contratos, que supuestamente tiene dos meses para pronunciarse, un plazo que se cumpliría en la segunda quincena de julio. Pero en Sepides hay pocas esperanzas de que haya pronunciamiento en ese periodo dado el atasco de procedimientos que según las fuentes consultadas acumula este tribunal. La sociedad confía ahora en tener respuesta en septiembre, por lo que el desmantelamiento se retrasaría hasta entrado el otoño.
Será a lo largo de ese mismo mes cuando el grupo de trabajo del que también forman parte el Principado y el Idepa pisen el acelerador para la comercialización de las futuras parcelas, que se confía tener definidas cuanto antes. Fuentes de Sepides explicaron que en cuestión se semanas, a lo largo de julio, se remitirá al Ayuntamiento la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la que se perfilarán los usos que se dará a los terrenos.
El plan inicial pasa por destinar 230.000 metros cuadrados de suelo a nuevas actividades empresariales, 80.000 a viales y 40.000 a zonas verdes y equipamientos. Y hay que cerrar qué modelo de negocio se quiere para esos terrenos. Tanto desde Sepides como desde el Ayuntamiento se incide en que se busca diseñar grandes parcelas y con una normativa muy flexible, para segregar o agregar parcelas para reducir o aumentar superficie en caso de que los inversores así lo demanden.
Pendiente está de resolver si se indulta un gasómetro, como pretendía el gobierno local, y se mantienen los almacenes generales para nuevos usos, aspiración de la Cámara de Comercio. Según fuentes de Sepides, solo pintar un gasómetro tiene un coste de 2,5 millones.
