El Consejero de Industria, el socialista Enrique Fernández, anunció ayer en el Pleno de la Junta General del Principado que la empresa Alu Ibérica (la antigua Alcoa) va camino del concurso de acreedores. Y se lo dijo al diputado Álvaro Queipo, que también es el secretario general del Partido Popular (PP) de Asturias, que le preguntó directamente si los actuales gestores (la entidad comercial Grupo Industrial Riesgo) le había engañado “o se había dejado engañar”. Tras el paso de Víctor Rubén Domenech (que también responde por David) y sus socios (Alexandra Camacho, Diego Peris y Luis Losada), la fábrica de San Balandrán se parece más a un solar que a una aluminera.
La intervención en la Junta General de Fernández tuvo dos propósitos: reclamar la unidad política y cargar contra la operación de compraventa urdida por la multinacional Alcoa de sus fábricas de aluminio primario de Avilés y de La Coruña. De esta dijo al principio que “ya está desenmascarada” y más adelante insistió en la idea: “Se ha ido quitando las caretas”. Y vaticinó: “Se le caerá la última en sede judicial”.
Fernández advirtió a Queipo antes de nada: “Haríamos bien en hacer un frente común para no permitir que esta compañía [Alcoa] se vaya de rositas mientras que nosotros nos tiramos los trastos políticos”. La petición de Fernández no la recogió el secretario general del PP, que antes había atacado la visita de hace dos semanas de la Ministra de Industria, Reyes Maroto. “Los trabajadores temían que viniera a pasarles la mano, pero eso fue lo que hizo”, subrayó el diputado conservador.
El Consejero de Industria se reivindicó también en el debate: “Aquí hemos levantado la voz antes”. Y recalcó: “Hemos estado más listos que en Galicia”. Y, después, le reprochó la paradójica posición del Partido Popular. La empresa ahora en crisis fue pública hasta el 27 de julio de 1997. Se llamaba Inespal y, según dijo Fernández, la “vendió el Abuelo Aznar y ahora el nieto Queipo pide rescatarla a través de la SEPI para hacerla pública”.
La posible intervención de la Sociedad Española de Participaciones Industriales, precisamente, estuvo ayer presente en la reunión que celebraron representantes de Unidas Podemos –encabezados por la diputada por Asturias Sofía Castañón y por la eurodiputada Siro Rego– con el comité de empresa de San Balandrán. El encuentro fue en la sede de la asociación de vecinos Enlaze, un edificio que se asoma a la bocana de la ría.
Sofía Castañón reconoció que la situación en que se encuentran los trabajadores –pendientes de que la jueza de la Audiencia Nacional nombre hoy un administrador judicial de la empresa, tal y como adelantó este periódico– “es de extrema gravedad, desesperada”. Anunció que ha pedido a la Ministra de Industria, a Reyes Maroto, que reciba al grupo parlamentario. “Es necesario que la SEPI intervenga y entre en Alu Ibérica precisamente para no seguir la misma espiral de desastres y despropósitos que están sufriendo los trabajadores y el conjunto de la población cercana”, apuntó la diputada y portavoz adjunta de Podemos en el Congreso.
José Manuel Gómez de la Uz, el presidente del comité de empresa, atendió a los políticos de Unidas Podemos en compañía de sus compañeros de órgano de representación. Recordó a Castañón que su partido forma parte del Gobierno de España y que “en este tiempo de crisis” lo que han recibido del partido “es poco: aparte de pedir la nacionalización, hay que hacer por conseguirla”, reclamó. Pero esta desesperanza con la clase política se amplía “a todas las fuerzas”. Y es que en un mes se acaba el período de moratoria que les asegura el empleo y que lo que venga después del día 1 de agosto, a fecha de ayer, es un intangible.
“Sabemos eso sí que vamos derechos al concurso de acreedores y que ahí es cuando se puede hacer cosas. No valen más excusas: no vale decir que si esto está judicializado, que si Europa tal o cual...” advirtió. El nombramiento del administrador concursal también fue para el Consejero de Industria una ventana de liberación: “Entonces podremos atender a los inversores”, dijo.
